Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Mérida (PSOE, IU y Siex) han solicitado un informe sobre la legalidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) municipal, por iniciativa de IU. Esta formación indica en una nota que el análisis de la documentación suscita "serias dudas" sobre la legalidad de las medidas propuestas y la naturaleza del proceso de despido colectivo. El consistorio respondió a través de un comunicado en el que la delegada de Personal, Leonor Nogales, asegura que los grupos políticos han recibido toda la documentación del ERE y no han planteado dudas ni en la comisión en la que se les explicó el proceso ni en el último pleno municipal, el 26 de marzo.
IU, sin embargo, afirma que "existen dudas muy serias" sobre algunas cuestiones, como la ausencia de informes técnicos que avalen la necesidad de los despidos propuestos, la competencia de los delegados municipales en el proceso y la posibilidad de reducción de jornada y salarios, entre otras. Nogales, por su parte, asegura que tenían toda la información y no hicieron ninguna pregunta sobre el ERE en el pleno de marzo, "quizá estaban más preocupados por irse de vacaciones de Semana Santa que por trabajar en analizar el documento que se les entregó", plantea. Y sentencia: "En ningún momento el ayuntamiento duda de la legalidad del ERE".
