Cerco al turismo alegal. La Asociación de Hoteleros de Mérida, la Federación Extremeña de Turismo Rural y el ayuntamiento denunciaron ayer la proliferación de alojamientos «alegales» en la ciudad y reclaman una legislación al Gobierno central. Según los datos recabados en las plataformas Booking y Airbnb, esta actividad se ha incrementado desde junio de 2015, al pasar de 30 anuncios a más de 300.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, explica que los anuncios de alojamientos turísticos que se publican en internet hacen referencia a domicilios de particulares que no tienen licencia de actividad ni de establecimiento hotelero, no declaran el IVA y ejercen una actividad «fraudulenta» que perjudica al sector del turismo emeritense. Por ello, el regidor municipal avanzó que por parte del ayuntamiento se ha iniciado ya la inspección y solicitud de licencia a 25 alojamientos con el objetivo de sancionar «duramente» a los ciudadanos que estén realizando una competencia «desleal» a los establecimientos hoteleros de la ciudad.

Sobre este asunto, Osuna manifestó que se trata de un problema que «tiene que solucionarse con una ley del Gobierno central en lo que se refiere a alquileres, aunque no deja de ser una responsabilidad de la Administración regional y municipal». Asimismo, el regidor municipal puntualizó que «ni el sector ni el ayuntamiento está en contra de la regularización de estos espacios».

Esta denuncia se produce tras los «preocupantes» datos registrados en los puentes de noviembre y diciembre. El presidente de la Asociación de Hoteleros de Mérida, José Luis Hernández, indicó que mientras la ciudad se llenó de turistas en esas fechas, los alojamientos hosteleros tenían una ocupación del 60%, por lo que «el fraude» de las viviendas alegales representó un 40% del total de la ocupación hotelera. En este sentido, destacó que estos espacios no generan «ningún recurso ni beneficio para la ciudad», al tiempo que «si hay una planta hotelera que es ficticia, esto causa un déficit al ayuntamiento». También cuestionó la seguridad de estos establecimientos, al destacar que no existe ningún tipo de control sobre los huéspedes.

El vicepresidente de la Federación Extremeña de Turismo Rural, Genaro Garrido, afirmó que esta problemática se ha denunciado ante el ayuntamiento, la Dirección General de Turismo, la Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo de la Seguridad Social y la Delegación del Gobierno, ya que considera que son los que tienen que vigilar esta actividad.