Una presidenta de una institución provincial dijo una vez, «cada vez que se acerca el periodo electoral, se cuestiona el papel de las diputaciones». Falta poco más de dos meses para las elecciones y la pregunta vuelve a estar en muchos mentideros, en ellos suena esta frase, «¿para qué sirve la diputación?». Desde una perspectiva urbana, desde una gran ciudad, es difícil ver la utilidad de una institución enfocada, básicamente, al mundo rural, a los pueblos que en una provincia como la de Badajoz, la más extensa de España, tienen muchas veces más cerca la capital de la comunidad vecina que la suya propia.
Pero las diputaciones están ahí y ofrecen tanto a los ciudadanos como a las administraciones locales servicios muy diversos. Por ejemplo, el Área de Desarrollo Local, cuenta con 16,1 millones de euros de presupuesto para este año, divididos en tres áreas, Promoción Económica y Centros Integrales de Desarrollo, 2,9 millones de euros; Capacitación para el Empleo, 821.000 euros, Oficina de Proyectos Europeos, 4,9 millones; además de la Dirección del Área. Por ejemplo, el Plan de Dinamización empresarial en el entorno rural pone en manos de los jóvenes universitarios o con formación profesional de grado superior menores de 35 años, 400.000 euros para la puesta en marcha de proyectos empresariales y programas de apoyo a empresas de los principales sectores productivos de la provincia, entre otras iniciativas.
O por ejemplo, 20 jóvenes menores de 35 años han recibido una beca de estancia en instituciones europeas para mejorar su formación e inserción laboral de personas desempleadas con titulación universitaria. O por ejemplo, la diputación llevará a cabo itinerarios formativos en 28 disciplinas diferentes, con un total de 54 ediciones y un presupuesto global de 3,7 millones de euros.
Sin embargo, a pesar de todos estos servicios a los ciudadanos de la provincia, el grueso de la actividad de la diputación está enfocado a ayudar y facilitar el trabajo a las entidades local. Y en este sentido, la de Badajoz es puntera en un servicio, la contratación pública.
Compra centralizada
Administraciones locales de toda España entraron en pánico el 1 de marzo de 2018 cuando entró en vigor la ley de contratos que regula cómo deben hacer las contrataciones públicas. Según el nuevo texto legislativo, la licitación de obras y servicios debe ser siempre electrónica, tanto si se trata del Ayuntamiento de Madrid como el de Aljucén. «Esto ha supuesto un parón, un colapso de las contrataciones», explica el jefe de Contratación Centralizada de la Diputación de Badajoz, Ramón Gómez de Tejada. Aunque se sabía que esta ley iba a entrar en vigor, pilló con el pie cambiado a muchos ayuntamientos que no tenían soporte técnico para el cambio. «Nosotros estábamos preparados desde 2016, teníamos un servicio centralizado que se encargaba de todas las contrataciones de servicios, suministros y concesiones, tanto de la diputación provincial como de los organismos y consorcios dependientes, de hecho, somos punteros en esto a nivel nacional», añade.
¿Pero qué ocurre con los pueblos y ciudades? «Tienen una plataforma gratuita del Estado para hacerlo, pero es complicada, eso no es llegar y ponerse, necesita conocimientos, tiempo y dedicación», comenta Gómez de Tejada, «esto ha provocado que muchas administraciones locales de todo el país incumplan la ley y sigan contratando en papel».
Por este motivo, la Diputación de Badajoz se puso a trabajar en el verano de 2018 para exportar su sistema informatizado a los consistorio de la provincia, servicio que pudieron poner en marcha en octubre del año pasado, «clonamos la plataforma que teníamos e hicimos una igual para los ayuntamientos, decidimos ayudarles porque es nuestro cometido».
En estos cuatro meses, se han adherido a este servicio 150 entidades, entre administración local, mancomunidades y empresas públicas de toda la provincia de Badajoz, y han tramitado o están en tramitación 117 expedientes. Ofrecen a todos ellos un sistema integral, donde acceden al programa de licitación del Estado, como obliga la ley, para la publicidad de las contrataciones, «a partir de ahí, en nuestra plataforma, recibimos las ofertas encriptadas, como el sobre de toda la vida, para mantener su confidencialidad mientras dure el plazo estipulado. Luego, cuando éste vence, asistimos telefónicamente a las mesas de contratación de los ayuntamientos, para facilitarles la desencriptación de las ofertas, la apertura de los sobres también de toda la vida, mediante la firma electrónica de todos los miembros de dicha mesa. Luego, publicamos sus actas con las resoluciones, adjudicación del contrato, su concesión y formalización y lo subimos todo a la plataforma del Estado», detalla Ramón Gómez de Tejada. «La ley impone que la notificación sea electrónica, pues esto también se lo podemos ofrecer a los ayuntamientos», añade.
Todos estos servicios son completamente gratuitos para los ayuntamientos y permite que localidades como El Carrascalejo, la más pequeña de la provincia, cumpla una ley que quedaría muy lejos de su alcance si no contara con el apoyo de la diputación.
