La función principal del Colegio de Arquitectos de Extremadura es velar por el colectivo de arquitectos y por las condiciones en las que se desarrolla el ejercicio profesional, sin olvidar nunca la defensa de la calidad arquitectónica como referente de la sociedad. Su decano aborda cuestiones candentes que afectan al colectivo en la región.

-¿Cuántos asociados tiene el Colegio y cuáles son sus principales funciones?

-A finales del año 2017, el colegio tenía 626 arquitectos colegiados, un número algo superior al de años anteriores. Entre sus funciones principales están: defender la profesión de arquitecto, representar a los colegiados ante las administraciones autonómicas y locales, difundir la importancia de la arquitectura de calidad, dirimir los conflictos entre profesionales siendo garantes de la deontología de la profesión, así como la información, asesoramiento y formación continua de los mismos. En cuanto al visado obligatorio de los trabajos profesionales que establece el decreto 100/2001, se comprueba la habilitación profesional del redactor y la adecuación del trabajo a la normativa de aplicación.

Consideramos que existen muchas maneras de ejercer la profesión, además de la redacción de proyectos y dirección de obra. Todas son importantes para mejorar la sociedad y los arquitectos están muy preparados para desarrollar una importante labor -como el servicio a las administraciones públicas, en empresas del ámbito inmobiliario, el diseño industrial y de interiores- o en la formación universitaria y enseñanza secundaria. Queremos, por tanto, ser un colegio que represente a todos los arquitectos. Velamos por la difusión de la importancia que tiene la arquitectura en la vida de las personas y defendemos el alto nivel de los arquitectos españoles, y extremeños en particular. Y es que la arquitectura es un factor que incide en la felicidad de la gente y por eso queremos que nuestra actividad se abra a la sociedad y que esta nos exija un trabajo riguroso y profesional, remunerándolo adecuadamente.

-El Colegio de Arquitectos de Extremadura tiene una importante agenda de actividades, destacando el X Congreso DOCOMOMO Ibérico. ¿En qué va a consistir?

-DOCOMOMO es una organización internacional creada en 1990, con objetivo de inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno. España pertenece a la sección DOCOMOMO Ibérico, que celebra su congreso anualmente en diversas ciudades del territorio de la península. El COADE, de la mano de la Junta de Extremadura, presentó la candidatura de Badajoz para la celebración del X Congreso en el mes de abril de 2018, con el tema principal de los Pueblos de Colonización, de su arquitectura que sintetiza lo vernáculo y lo moderno y, fundamentalmente, de las posibilidades de futuro que estos poblados tienen a partir de su condición patrimonial, interviniendo en ellos de forma sostenible para que supongan una herramienta de desarrollo económico y de fijación de población en su territorio y no una carga económica ni para la sociedad ni para la administración.

Se trata de poner en valor una serie de poblaciones (61), creadas ex novo en las décadas de 1950 y 1960, para implementarse en el territorio con un planteamiento muy moderno, alojando a los colonos que habrían de cultivar las tierras puestas en regadío. El congreso tiene repercusiones internacionales. En el propio comité científico hay importante presencia lusa y se han recibido aproximadamente 150 comunicaciones, la mayoría de España, pero un porcentaje alto son portuguesas y puntualmente de Italia, México, Argentina y República Dominicana. Hemos querido dotar a este Congreso de un fuerte carácter transfronterizo, para visibilizar la condición rayana de Extremadura y Portugal.

-¿Qué aportaciones van a realizar al nuevo Decreto de Exigencias a Vivienda (Habitabilidad)?

-Las aportaciones que se han remitido a la Dirección General de Arquitectura se refieren fundamentalmente al diseño de la vivienda, se parte de dar la mayor libertad posible al proyectista para diseñar los espacios, considerando que las formas de habitar han cambiado en los últimos años y por tanto las necesidades de las viviendas, siempre considerando que se deben mantener unos mínimos de confortabilidad. El decreto pretende evitar que las condiciones de especulación primen sobre los diseños de los espacios y en ello el Colegio de Arquitectos apoyará cualquier iniciativa.

-¿Qué trabajos realiza actualmente el grupo Lotus?

-Es el grupo de colegiados que está trabajando en analizar la Ley de ordenación territorial y urbanismo sostenible (LOTUS) y emitir las sugerencias que permitan mejorar el Anteproyecto de Ley. Se recogen diversos puntos de vista de arquitectos que trabajan en el urbanismo de diferentes formas: redactores de planeamiento, arquitectos al servicio de la administración, arquitectos en el libre ejercicio de la profesión, de forma que se enriquecen los puntos de vista en las sugerencias, que ya se han remitido a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

-Han alertado de los concursos a la baja. ¿Está primando el criterio económico sobre la calidad de los trabajos constructivos?

-El criterio económico sobre la calidad por desgracia está primando en muchos aspectos del trabajo profesional, únicamente se atiende a razones económicas para seleccionar los trabajos. Desde el colegio se está realizando un gran esfuerzo ante la administración para revertir este proceso y convencer de que un buen trabajo profesional es aquel que resuelve los problemas, tanto en proyecto como en obra y, por tanto, la selección debe atender a criterios de calidad. Se están manteniendo constantemente reuniones con diversos organismos para ello, recurriendo las convocatorias de contrataciones que no se consideran adecuadas a estos criterios, lo que supone un gran esfuerzo para este colectivo. El 8 de marzo entró en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que supone un cambio de paradigma importante, porque por primera vez se consideran los servicios de arquitectura e ingeniería como servicios intelectuales, lo que implicará que debe preponderar el criterio de calidad sobre el económico.