Las familias numerosas reclaman una política más justa y menos dependiente de las promesas electorales. Se ha vuelto a oír en la jornada que ha celebrado en Cataluña la asociación nacional de familias numerosas. Como está en trámite en el Congreso la Ley de Protección de Familias Numerosas --cuyo buen fin depende sobre todo del PP-- y como es previsible que la política social será un tema clave en las próximas elecciones, no está de más recordar el estado actual de las políticas de protección social. España está a la cola de ayuda a las familias: sólo 40 céntimos de cada cien euros de gasto público van destinados al bienestar familiar.
La gran diferencia respecto a los países más desarrollados de la UE es que las escasas ayudas a las familias con tres o más hijos se siguen vinculando al nivel de rentas o a la situación laboral de la mujer. En la Europa más progresista y justa, esas ayudas son generales. Superados los prejuicios que discriminaban a las familias no convencionales --como las parejas de hecho o de divorciados, con hijos--, es hora de exigir europeismo por partida doble: que haya muchos más recursos públicos para asistencia familiar y la sustitución de las políticas asistenciales por las de carácter universal.
