TVtarios miembros del gobierno han demandado a la Asociación Stop Desahucios por el acoso que vienen sufriendo últimamente. La situación no es nueva: los gobiernos han sido hostigados desde que existe la democracia; la única diferencia es que ahora el acoso es doméstico. Los políticos se defienden, y hacen bien; pese a todo también son personas, y como tales tienen derecho a la intimidad sin el temor a que aporreen su puerta en cualquier momento. Pero incluso en estos asuntos tan feos los políticos siguen teniendo ventaja: no han tardado en denunciar en los juzgados el escrache mientras que los ciudadanos llevamos más de diez años sufriendo el acoso del capitalismo más salvaje que se cuela en nuestros hogares, por email, telefónica o presencialmente, para vendernos todo tipo de artículos. Y así nos vemos obligados a atender (o más bien a desatender) en casa, a diario, a una caterva de comerciales dispuestos a vendernos gas, electricidad, telefonía, enciclopedias e incluso plumeros eléctricos.
Muchos hemos pedido a los políticos una ley que ponga freno a esta práctica comercial que convierte a los ciudadanos en rehenes en su propio hogar. Que yo sepa, esa ley nunca se ha formulado, y si así fuera, se infringe con alevosía. No se debería aplaudir ningún tipo de acoso, sea sexual, comercial o asociacionista, porque cuando se apoya una de sus modalidades indirectamente se están defendiendo las otras. Esperemos que los políticos, más sensibilizados desde que son aporreadas las puertas de sus hogares, recuerden que los sufridos consumidores vivimos impunemente acosados por un capitalismo sin escrúpulos.
