Nadie podía imaginar cuando, el pasado 4 de febrero los funcionarios de Justicia de las comunidades con competencias no transferidas, entre ellas Extremadura, iniciaron una huelga por la equiparación salarial con los colegas de las comunidades con transferencias, que a estas alturas, después de seis semanas, el conflicto perdurara. Y este asombro es ya un claro ejemplo de lo incomprensible de esta situación. Tampoco nadie podía imaginar que en España la idea "igual trabajo igual salario" tuviera tantas dificultades para abrirse paso en la Administración pública. Mucho menos cuando el responsable de restablecer ese principio de derecho laboral básico fuera un gobierno que, como el de Rodríguez Zapatero, se ha esforzado por extender derechos a colectivos que quedaban fuera de ellos y ha expresado repetidamente que uno de los motores de su acción política era hacer que el concepto de igualdad profundizara en la sociedad española.

Lo que está aconteciendo en los juzgados extremeños y en el resto de los de las autonomías sin competencias echa por tierra esas intenciones, si bien, y en descargo del Gobierno de Zapatero, habría que indicar que todo parece indicar que a esta situación se ha llegado, antes que por la voluntad del Ejecutivo, por la inoperancia --cuando no lisa y llanamente torpeza-- con que el Ministerio de Justicia está gestionando el conflicto, encabezado por su titular, Mariano Fernández Bermejo, hombre de verbo fácil, que no rehuye la polémica, pero a quien prácticamente no se le ha oído decir ´esta boca es mía´ en mes y medio de huelga.

Este ministro está logrando algo tan difícil que no había conseguido nadie hasta la fecha: poner frente a él a todos los sectores que trabajan en la Administración de Justicia: desde los jueces a los abogados, desde los fiscales a los procuradores y a los forenses. En esta región no se conocen pronunciamientos más taxativos en contra de la actuación del ministerio de órganos tradicionalmente tan prudentes como juntas de jueces y de fiscales, de asociaciones de forenses y de colegios de Abogados y Procuradores como los que se están produciendo estos días. Nadie entiende qué hace el departamento que dirige Bermejo por solucionar un conflicto y todos estos colectivos apoyan y comprenden las reivindicaciones de los funcionarios.

Los damnificados se cuentan por miles: si hace dos semanas había alrededor de 4.000 asuntos atascados ahora hay 6.000 solo en la provincia de Badajoz, según los colegios de Abogados y Procuradores. Decenas de viudas y huérfanos sin cobrar su pensión, hijos de matrimonios divorciados sin cobrar su pensión por alimentos, certificados de matrimonio y de defunción sin cumplimentar, diligencias sin hacer, demandas pendientes, juicios suspendidos... La Justicia en Extremadura ha tenido a gala en los últimos años, y con razón, ser de las más diligentes en la resolución de los asuntos. Pues bien, cuando el conflicto acabe se tardarán meses y meses en recuperar el tiempo perdido y volver a la normalidad alterada. Mientras tanto, el ministerio, en declaraciones desafortunadas del secretario de Justicia, se ha limitado a advertir que los huelguistas no ganarán "por goleada" y a asegurar que dispone de recursos, entre ellos económicos, para solucionar el desaguisado, lo cual cierra el círculo del asombro, puesto que si el elemento que impide alcanzar un acuerdo sobre equiparaciones salariales entre autonomías no es el dinero, ¿cuál será, entonces?