La llamada izquierda aberzale, expresión que engloba al mundo político vasco que orbita en torno a ETA, ha sumado un nuevo golpe a los que ha sufrido directamente en los últimos meses la banda terrorista con la caída de casi todos sus dirigentes sucesivos y el desmantelamiento de numerosos zulos en los que almacenaba explosivos con los que planeaba cometer sangrientos atentados. En efecto, la detención, en la tarde del pasado martes, por orden del juez Baltasar Garzón, de Arnaldo Otegi y nueve personas más bajo la acusación de intentar refundar Batasuna es una adversidad más para los extremistas del País Vasco, desde hace tiempo maltrechos por la lenta y parece que definitiva pérdida de fuerza del terrorismo debido a la presión del Estado democrático.

La persecución por parte de la Administración de Justicia de toda operación que pretenda resucitar, con otros ropajes formales, a Batasuna está perfectamente legitimada no solo por la legislación española, sino también --lo que es más importante-- por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que hace apenas tres meses avaló la ilegalización del grupo radical decidida por el Tribunal Supremo en el 2003 y ratificada por el Constitucional en el 2004. En este sentido, la policía afirma haber acumulado desde el mes de febrero pruebas suficientes de que Otegi --que tenía prohibido viajar al extranjero sin contravenir las normas de la libertad condicional-- contactaba regularmente en el sur de Francia con miembros de ETA que le encargaron la reconstrucción del entramado político aberzale. Las personas implicadas en esa misión se reunían en el local del sindicato LAB en San Sebastián, donde fueron arrestados varios de los comprometidos.

El hecho de que LAB sea una organización legal --casi la única del entorno aberzale que en estos momentos no está proscrita-- y que los detenidos no estuvieran cometiendo un delito flagrante en el momento del arresto puede llevar a plantear la incógnita de si la operación decidida por Garzón tiene suficiente solidez como para prosperar. Porque si bien hay consenso sobre la necesidad de ser inflexibles para cortar de raíz todo intento de que la hidra paraterrorista rehaga sus tentáculos, no es menos cierto que las acciones judiciales precipitadas que no desembocan en una sentencia contundente solo terminan sirviendo para alimentar ese victimismo al que tan dado es el mundo aberzale y del que tantos réditos sabe sacar. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, negó ayer que esa operación haya supuesto una suerte de "detenciones preventivas" y recordó que en España no se persiguen ideas, sino delitos. Es una obviedad que los tribunales deberán certificar también en este caso. Contra ETA no valen riesgos innecesarios.