WEwl ministro de Trabajo, Jesús Caldera , y el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra , firmaron el jueves en Mérida el Plan de Empleo, uno de los asuntos estrella que forman parte del llamado Plan de Dinamización Económica y Empleo para Extremadura suscrito por el Gobierno central y la Junta de Extremadura a últimos de julio del año pasado y que había quedado pendiente del Consejo de ministros que tuvo lugar en Mérida este mes. Antes de la primera fecha y de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero , concretara las líneas maestras del Plan de Dinamización, los responsables regionales habían levantado grandes expectativas sobre el compromiso que el Ejecutivo nacional iba a tener con Extremadura en materia de empleo, hasta el punto de que Rodríguez Ibarra dijo de él que esperaba que supusiera un impulso parangonable a lo que fue la Expo del 92 para Andalucía.

Lo firmado el jueves, desafortunadamente, no permite imaginarlo. Y no es que no suponga un impulso para luchar contra el principal problema de la sociedad extremeña. Tampoco sería justo no reconocer el esfuerzo de las dos administraciones, que han comprometido 200 millones de euros, es decir, 33.000 millones de pesetas, en cuatro años, para hacerle frente. ¿Pero es el Plan de Empleo que necesita Extremadura? ¿Es el Plan que permitirá incorporar al mercado laboral a mayor número de personas de las que acceden a la edad de trabajar?

En torno a este plan se han suscitado muchas dudas desde que se hicieron públicas las líneas esenciales del Plan de Dinamización Económica y de Empleo, en el que está incluido. Porque desde entonces quedó inexplicado y no cuantificado. Y aunque desde la primera legislatura de Felipe González y los 800.000 puestos de trabajo de Solchaga es razonable pensar que los políticos huyan de adquirir compromisos concretos con el empleo --ahora lo ha hecho también Ibarra--, los ciudadanos visualizan el esfuerzo y el reto de la Administración en su traducción a un número determinado de puestos de trabajo. Aquí, si hubiera habido voluntad, se podía haber hecho: el plan suscrito el jueves dice pretender que en todos los hogares extremeños haya, al menos, una persona trabajando. Pues bien, ese reto es cuantificable, como publicó este diario. El Instituto Nacional de Estadística señala que en Extremadura existen 19.000 hogares en los que ninguno de sus moradores trabaja. Por lo tanto, intentar que la realidad alcance al compromiso incluido en el papel del Plan debería ser irrenunciable. Esos 19.000 empleos supondrían, grosso modo, reducir en un 25% la tasa de paro, si se tiene en cuenta la Encuesta de Población Activa, que tiene contabilizadas 82.000 personas pendientes de integrarse en el mercado laboral. Se pasaría así del 17,5% al 13% de tasa de paro, un porcentaje, no obstante, que tampoco igualaría a Extremadura con la media nacional, situada dos puntos por debajo.