El presidente colombiano, Alvaro Uribe, pretende facilitar un eventual acuerdo con las FARC aceptando el intercambio de secuestrados por guerrilleros presos. Su intención es que no haya limitaciones en el número de guerrilleros que pueden ser liberados, sean cuales sean los delitos por los que fueron condenados, incluidos los de sangre, calificados en Colombia de lesa humanidad. La única condición para los beneficiarios de la medida es su compromiso a no reincidir.

Aunque sobren argumentos para la desconfianza acerca de las verdaderas intenciones que persigue la decisión del presidente colombiano, no es menos cierto que el contenido del decreto firmado por Uribe genera unas expectativas que invitan a una razonable sensación de esperanza. Su cambio de opinión vendría forzado por la crítica situación en la que parece encontrarse la excandidata a presidenta Ingrid Betancourt, en poder de las FARC desde febrero del 2002, junto a la fuerte presión internacional ejercida por Francia y Brasil para que tienda puentes que permitan la liberación de los rehenes.

No es por casualidad que la autorización para el intercambio de guerrilleros por rehenes llegue solo un día después de la angustia generada por las declaraciones de Vólmar Pérez, defensor del Pueblo de Colombia, advirtiendo de los gravísimos problemas de salud de Ingrid Betancourt, cuando comparó su físico con el "de una niña de Somalia". Con este golpe de efecto, Uribe logra traspasar toda la responsabilidad sobre el futuro de los rehenes a la guerrilla de las FARC. Y a quienes le critican por su escasa flexibilidad, siempre les podrá mostrar el decreto con su firma.