El juicio que esta semana concluirá en Madrid contra Uralita marcará probablemente un punto de inflexión en la acción de la justicia en relación con problemas graves de salud causados por una planta industrial no a sus trabajadores, sino a otros ciudadanos. Tal es el caso de la citada empresa, dedicada durante 90 años a fabricar el material del mismo nombre, uno de cuyos componentes, el amianto, es altamente perjudicial cuando se inhala.
Los demandantes, 47 vecinos de viviendas cercanas a la fábrica, reclaman 5,6 millones de euros por la asbestosis y otras enfermedades pulmonares que han acabado padeciendo. En su descargo, Uralita aduce que su producto no fue prohibido en España hasta el 2002. Es cierto, pero también lo es que al menos desde 20 años antes la ciencia había demostrado los efectos perniciosos del amianto, un dato clave que los responsables de la empresa no pueden aducir que desconocían. Por esta razón, la sentencia que dicte el Juzgado número 46 de Madrid tendrá una relevancia especial, ya que puede marcar la pauta para procesos similares.
El caso de Uralita es ilustrativo del escaso o nulo control de los daños de ciertas industrias en los años del desarrollismo. Resarcir a quienes sufren las secuelas de esa época felizmente pasada sería un acto de justicia.
