Dentro de la tragedia y la devastación que ha provocado el covid-19, destaca en España el drama inconmensurable de las residencias de ancianos, sobre todo en la Comunidad de Madrid y en Cataluña. Quince mil personas han muerto por el coronavirus en los geriátricos, una mortandad absolutamente desmesurada que obedece a causas diversas. La fiscalía ha abierto ya 207 diligencias, de las que 86 son penales. En Madrid, 353 centros son privados y 72, públicos. En Cataluña, 830 privados y 172 públicos. Los responsables directos de malas prácticas o dejadez deberán responder, penalmente si corresponde. Pero la responsabilidad última de las carencias estructurales en el sector, ahora desveladas, y de la falta de una respuesta ante el impacto de la epidemia en estos centros, recaen en todos los casos en las administraciones responsables de la sanidad y la atención a la tercer edad.

¿Qué ha ocurrido para que el coronavirus arrasara con las vidas de tantos internados en residencias geriátricas? Algunas causas son generales y otras específicas de los geriátricos. Entre las primeras están que la dimensión de la epidemia no se vio venir a tiempo y que en las residencias, aún más que en los hospitales, ha habido falta de tests y de equipos de protección para los cuidadores, que se contagiaron y contribuyeron a infectar a los ancianos a los que necesariamente hay que tratar sin poder observar la distancia imprescindible. Pero en las residencias ha habido también causas específicas vinculadas a la situación de estos centros, más allá del hecho de que la enfermedad ataque con más virulencia a los ancianos o del triaje establecido en los hospitales, por criterios clínicos, que ha afectado especialmente a las personas con menos posibilidades de supervivencia ante el peligro de colapso de las unidades de cuidados intensivos.

También contribuyó a la altísima mortalidad la imposibilidad de establecer en los centros áreas separadas de contagiados y no contagiados. Tanto en Barcelona como en Madrid, no se aisló a los ancianos hasta primeros de abril. Es evidente que lo ocurrido convierte en imprescindible una reforma del sector. En Cataluña hace una década que se pide que el sistema público de salud se haga cargo de la supervisión y cuidado de las personas internadas en las residencias, pero cuando apareció el coronavirus los geriátricos dependían aún de Asuntos Sociales y solo ante la dimensión de la tragedia se pasaron las competencias Sanidad. Ahora, la prioridad sigue siendo el combate contra el covid-19, pero es hora también de preguntarse por cómo se ha gestionado la privatización creciente de esta red asistencial.

En Madrid se prepara también una reforma dirigida a medicalizar los centros, con camas dotadas de oxígeno y más personal para atenderlas; aumentar las inspecciones y modernizar la comunicación entre los médicos de las residencias y los geriatras de los hospitales.

Cuando la pandemia pase, será inexcusable exigir responsabilidades políticas, que en el caso de la Generalidad de Cataluña deberían ya servir para bajar el tono, tan autosatisfecho con su propia gestión como hipercrítico con la del Gobierno central.