El problema del desajuste entre la oferta de plazas de Educación Infantil y la demanda se está poniendo de manifiesto este año con más crudeza que en otros anteriores. En la mayoría de las ciudades más pobladas de la región hay, al menos, un colegio o una barriada con un colectivo de padres que protestan porque no pueden llevar a sus hijos a los centros escolares más cercanos a sus domicilios. Este desajuste debería haberlo previsto la Consejería de Educación: herramientas hay para conocer con aproximación cuántas familias hay en una determinada zona que tienen hijos de una determinada edad y que, en buena lógica, van a pretender llevarlos a los colegios más próximos cuando les toque escolarizarlos. Por tanto, cabe achacar a la consejería que no ha planificado y pudo haberlo hecho. Por esta razón se ve obligada ahora a improvisar y a proponer como solución al problema las aulas prefabricadas. Seguramente es, dadas las circunstancias, la mejor alternativa porque se evita lo primero que se quiere evitar: la dispersión de los niños de 3 años por colegios de zonas que no son suyas. Pero también esto se ha explicado tan mal que no se ha explicado en absoluto. No es lógico que tengan que ser los alcaldes --ayer el de Mérida-- los que defiendan las aulas prefabricadas con argumentos ´prestados´ por Educación. Tampoco es lógico que los padres tengan que creerse la idoneidad de las aulas si nadie ha visto el modelo, si nadie ha hecho el esfuerzo de enseñárselo. Los responsables de Educación sobrevuelan el problema y tendrían que bajar a la tierra y explicar la situación cara a cara a los afectados.
