Bendita sea la justicia, a pesar de los pesares. Ha tenido que ser el Tribunal Supremo quien anule el artículo 14.2 del Real Decreto 1467/2007 sobre el Bachillerato. Ni las denuncias de CSI-F, que exige un Bachillerato de tres años, ni las alarmas por las evaluaciones externas, que sitúan nuestra educación en el vagón de cola de los países de la UE, ni la opinión de expertos y profesionales del mundo educativo, han conseguido impedir que la ministra de Educación se engañe a sí misma y, lo que es peor, pretenda distraer a toda la sociedad española presentando un balance positivo entorno al fracaso escolar, que supera el 34% (14 puntos más que la media de los países de la OCDE) y el abandono escolar temprano, en unos niveles cercanos al 31% (15 puntos más que el resto de países de nuestro entorno).

El Ministerio de Educación tenía previsto que el derogado artículo del real decreto entrara en vigor el próximo curso. Hubiera permitido a los alumnos que suspendieran hasta cuatro asignaturas de primer curso, matricularse de dos o tres asignaturas de segundo. Es decir, el MEC, consciente de que el Bachillerato español (el más corto de Europa) es insuficiente para transmitir a los alumnos los conocimientos necesarios para acceder a la Universidad con garantías, prefirió crear un curso puente antes que reconocer su error y ampliar el Bachillerato un año más.

Evidente e incomprensiblemente la ministra y su equipo persiguen un único objetivo, tienen una verdadera obsesión, reducir al máximo las tasas de lo que ellos llaman fracaso escolar, sin preocuparse de los medios utilizados para conseguirlo. Exito escolar no significa promoción de los alumnos, sino consecución de los niveles educativos propios de la edad que se tiene. Si el fracaso escolar desapareciera a base de aprobados, la solución sería fácil, aprobado general y listo, a seguir apostando por la perversa promoción automática que trajo la LOGSE. Eso sí, nada de evaluaciones externas, pues no quiero pensar cómo nos calificarían los informes internacionales.

Cuando se adoptan medidas populistas, carentes de seriedad y de contraste con los profesionales, suceden estas cosas, que los sistemas educativos se vuelven inestables y que son otros los que tienen que coger las riendas, para vergüenza, en este caso, de los responsables ministeriales.

Para muchos profesores esta sentencia ha supuesto un alivio y una tranquilidad, pues, además de dar un toque de protección al sistema educativo, aleja definitivamente de los equipos directivos de los centros de Secundaria la preocupación por el mare mágnum organizativo que se les venía encima: constitución y distribución de grupos con alumnos que tuvieran unas pocas asignaturas de primero, otras de segundo, comunes, obligatorias, optativas, modalidad, etcétera.

La ministra de Educación, buena demócrata y siempre respetuosa con las sentencias, ha manifestado que la acata (faltaría más), pero que no se conforma y que seguirá buscando otras alternativas. En ocasiones alguien coge una vereda, la vereda se acaba y ese alguien sigue.