Era de esperar que el Gobierno hiciera un balance positivo del primer año de la reforma laboral. Lo que no era tan previsible es que la ministra de Empleo lo hiciera con las cifras del último semestre, un periodo en el que el desempleo se ha reducido en 149.900 personas. Si se hubiera atenido al cómputo anual habría tenido que reconocer que julio del 2013 se ha cerrado con 111.359 parados más que el mismo mes del 2012. Aunque es cierto que la tasa anual, que en julio aumentó el 2,43%, se está moderando desde hace meses. Con este planteamiento, no es extraño que Fátima Báñez ensalzara su reforma como la gran impulsora del aumento de la competitividad, gracias a que ha mejorado la flexibilidad y se ha reducido la dualidad, otra afirmación que no concuerda con las cifras.

En julio pasado solo el 6,39% de los nuevos contratos eran indefinidos, mientras que en el mismo mes del 2012 representaron el 7,5%. En julio había 64.866 parados menos inscritos (964 de ellos en Extremadura), pero en la Seguridad Social se han registrado la mitad, lo que quiere decir que la otra mitad simplemente ha desistido. La nueva legislación laboral, según Báñez, va a permitir que un crecimiento del 1% o del 1,2% del PIB ya genere empleo neto, cuando antes era necesario llegar al 2%.

Según el FMI, esa tasa de crecimiento no se alcanzará hasta el 2018, por lo que anima al Gobierno español a dar algunos pasos que puedan agilizar la lucha contra el paro. No hace un mal balance de la reforma laboral, pero sí dice que algunos de sus objetivos no se han cumplido, y hace una mención concreta del escaso cambio que ha habido en la dualidad contractual del mercado de trabajo español. La solución que proponen los técnicos del Fondo es la creación de un contrato único en el que el derecho a obtener indemnización por despido iría aumentado con la antigüedad del trabajador.

La propuesta más novedosa del FMI es que trabajadores y patronal firmen un pacto social con el objetivo de bajar más los salarios a cambio de creación de nuevos puestos de trabajo. El Gobierno español ha sido consultado, pero no lo ve posible porque el precio que pondrían los sindicatos, dice, sería frenar algunas de las reformas en marcha o en proyecto. No parece, de todas formas, que Mariano Rajoy esté en condiciones en estos momentos de abordar grandes acuerdos.