L a llamada izquierda aberzale tiene verdaderamente difícil concurrir a las próximas elecciones legislativas del 9 de marzo. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó ayer la suspensión de actividades durante tres años, prorrogables a cinco, de las organizaciones Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). El magistrado ha tomado esta decisión por entender que son "instrumentos políticos en manos de los dirigentes de Batasuna", coalición declarada ilegal y varios de cuyos dirigentes están en prisión, los dos últimos --Pernando Barrena y Patxi Urrutia-- encarcelados por el propio Garzón el pasado jueves.
El procedimiento abierto por Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional va en paralelo del que se sigue en el Tribunal Supremo y que también pretender la ilegalización de esas formaciones. No se sabe si Batasuna o su entorno tienen un plan B para presentar listas electorales con una marca blanca. Los portavoces de ANV presumieron ayer de ello, pero no parece que esta vez puedan hacer los malabarismos realizados en procesos anteriores.
La decisión del magistrado de la Audiencia Nacional y la que presumiblemente tomará el Tribunal Supremo son trascendentales, pues impiden a un sector el derecho de participación política reconocido por la Constitución, al señalar que esos partidos están creados para dotar a la banda terrorista ETA de una "vía de legitimación" y para servir de medio económico para "nutrir a los dirigentes" de la ilegalizada Batasuna. Es decir, en la decisión del juez ha primado el principio de que ANV y PCTV son en definitiva tentáculos de ETA.
La suspensión de estas dos organizaciones dictada por los jueces abre ahora varios interrogantes. El primero de ellos es si el Tribunal Europeo de Estrasburgo dará validez a las decisiones adoptadas por la judicatura española. Si no es así, nuestra democracia sufrirá un varapalo y las posturas radicales aberzales saldrán fortalecidas. De momento, el citado tribunal comunitario ha admitido a trámite el recurso presentado por Batasuna.
La segunda incógnita a la que nos enfrentamos es cómo reaccionará el sector que tradicionalmente vota a estas opciones ante la orfandad que supone que no haya listas de esa tendencia. No es exagerado pensar en un aumento de los episodios de kale borroka y el último atentado a los juzgados de Bergara no puede entenderse sino como respuesta a la acción judicial, encarcelando a Barrena y previendo que ANV y PCTV terminarían en la ilegalidad.
Y, finalmente, cabrá ver cómo afecta la suspensión a los resultados de los comicios del 9-M, es decir, si la presumible alta abstención o la avalancha de votos nulos beneficia a unos partidos o a otros de los que legalmente se presentan. En cualquier caso, vale la pena recordar que la drástica decisión judicial --precedida de una larga batalla entre el Gobierno y el PP y de innegables vaivenes en los juzgados-- no se hubiera producido si estos partidos hubieran tenido el coraje de desmarcarse de ETA.
