La colleja, el bofetón, la reprimenda violenta ya no tienen cobertura legal. Bien es cierto que la reforma del artículo del Código Civil donde se mencionaba y amparaba la corrección "de manera razonable y moderada" ha llegado de una manera esquinada, gracias a la promulgación de la ley de adopciones internacionales. Aprovechando la circunstancia, el legislador ha introducido una variante en el ejercicio de la patria potestad que "debe ejercerse siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad y con respeto hacia su integridad física ypsicológica".
De esta manera, y en atención a las resoluciones de la Convención sobre los Derechos Infantiles y a las demandas de diversos organismos internacionales, como por ejemplo Unicef, el Estado español se suma a todos aquellos en los que los maltratos están prohibidos y explícitamente sancionados por la ley.
La polémica está servida, porque las opiniones en unsentido u otro han sido encontradas. La aprobación de la ley ha sido posible gracias a un bloque que podríamos llamar progresista (PSOE, IU-ICV, ERC y BNG) en contra del criterio del bloque conservador (PP, CiU i PNV), aunque es evidente que el tema que nos atañe va más allá de criterios estrictamente ideológicos y se inscribe en una realidad social de amplio alcance, con visiones muy distintas de lo que significa la relación paterno-filial y de los mecanismos al alcance de los padres en la educación de sus hijos.
La ley no puede, de ninguna de las maneras, legitimar un maltrato, aunque sea menor, casi anecdótico. La "razón" y la "moderación" permitían un amplio margen de interpretación que, en la práctica, equivalían a dar una carta blanca para la violencia doméstica, arraigada en esta sociedad desde hace siglos.
Por eso, es una buena noticia que el Congreso haya actuado en este sentido, aunque no todos los bofetones, por supuesto, significaran un maltrato continuado.
En este sentido, una encuesta realizada por esteperiódico a través de su página web en internet revela que tres de cada cuatro extremeños no habrían suprimido del Código Civil los artículos que amparaban la posibilidad de dar un cachete a los niños.
Por ello, cabe preguntarse si la medida va a servir para cambiar los hábitos familiares. Es posible que funcione más como un toque de atención, como una llamada a una educación responsable, que no como una norma deobligado cumplimiento, bajo coacción legal, ya que la dificultad de perseguir la infracción que supone dar un cachete es muy alta.
La ley, pues, nos sitúa en un entorno civilizado en el que, por encima de todo, los ciudadanos han de tomar conciencia que educar no es pegar.
