WJwosé Bono respondió ayer como debe hacerlo el ministro de Defensa de la democracia ante la soflama golpista del teniente general José Mena contra el proyecto de Estatuto de Cataluña. Ordenó el arresto domiciliario por ocho días del jefe de la fuerza terrestre y propondrá su destitución como tal en el Consejo de Ministros del viernes. Es lo justo. Y no tanto, aunque también, porque la arenga de Mena contravenía el discurso conciliador del Rey sobre la reforma estatutaria en la misma Pascua Militar, sino porque invocó la posibilidad de una intervención militar "en defensa de España" si la propuesta de reforma estatutaria sobrepasara pretendidos "límites infranqueables".
Pero la solución administrativa del incidente cuartelero no zanja el problema. Porque tanto o más intolerable es la defensa que el PP ha hecho del pronunciamiento del general Mena, que sólo ha rechazado Josep Piqué, pero nadie del PP español. Y ningún principio democrático ampara al PP para abonar la actitud anticonstitucional de un funcionario militar obligado a guardar silencio político. Ni el de que sirva a sus intereses partidistas, aventados como caldo gordo en una campaña de crispación para frustrar el Estatuto. Se mire como se mire, no es nada sensato.
