El constitucionalismo salió ayer a la calle para hacer sentir su voz contra el ‘procés’ en una manifestación convocada por Societat Civil Catalana, a la que se sumaron dirigentes del PSOE, PP y Cs, que se celebró un día después de otra marcha de signo totalmente contrario, auspiciada por ANC y Òmnium, contra la sentencia del Tribunal Supremo. En un fin de semana, Barcelona ha acogido dos marchas que expresan las posturas de dos bloques encerrados, reflejo de la polarización social.

Aun siendo multitudinarias, las cifras de asistencia de una y otra convocatoria indican, asimismo, un cierto agotamiento ante un conflicto embarrancado. Según la Guardia Urbana, SCC reunió a 80.000 personas, apenas una cuarta parte de la asistencia a las manifestaciones del 8 y el 29 de octubre del 2017 (después del 1-O y la DUI). La marcha se desarrolló en un ambiente tranquilo, alterado solo por la actitud antidemocrática de los CDR que intentaron impedir el acceso a la marcha mediante el corte de algunas vías, obviando algo tan básico como que el derecho de manifestación y la libertad de expresión abarca a todos.

También la manifestación soberanista del pasado sábado tuvo uno de los registros más bajos de los últimos años respecto a sus anteriores citas, 350.000 personas, menos que en la huelga del pasado día 18 (cuando acudieron 525.000 personas) o la última Diada (600.000) y muy por debajo de las grandes convocatorias en las que se superaban el millón de personas, hace años.

Sin entrar en guerras de cifras, todo indica que el poder de convocatoria de unos y otros está decayendo. La protesta en la calle es legítima, sin embargo, la movilización constante acaba perdiendo fuelle si no hay visos de solución. No se trata, tampoco, de medir las fuerzas a base de manifestantes: la batalla de quién tiene la hegemonía en la calle no solucionará un problema que es eminentemente político. Las protestas recogen el pulso social, pero la verdadera voluntad popular -también de quienes no salen a manifestarse- se recoge en las urnas. En dos semanas, habrá una oportunidad para medir esa voluntad popular, en las elecciones generales del 10-N que pretenden poner fin a una situación de bloqueo político. El resultado de estos comicios marcará cuál será la estrategia del futuro Gobierno respecto al independentismo, que puede ser muy distinta en función de quién se aloje en la Moncloa.

Las encuestas captan ahora el ánimo del electorado catalán tras la sentencia del ‘procés’ y los disturbios posteriores. Las previsiones dibujan unos resultados similares a los del 28-A, con una victoria de ERC en Catalunya y con la novedad de la entrada de la CUP, que no concurrió en los anteriores comicios y que podría obtener hasta cuatro escaños, ampliando así el bloque independentista. El PSC se mantendría como segunda fuerza y Cs sufriría un importante retroceso (pasaría de 5 a 2 escaños), que beneficiaría principalmente al PP y Vox.