Cuando se aprobó, en el 2014, la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) fue percibida por la oposición progresista como «una ley ideológica y pedagógicamente nefasta». Era la séptima que se aprobaba en democracia y venía a certificar un cambio de rumbo conservador con el que el PP pretendía imprimir a la educación su propio acento, arcaico en las formas, alejado de las nuevas pedagogías y altamente beligerante en asuntos como la religión. Es natural, pues, que con el PSOE en la Moncloa uno de los primeros puntos a abordar por los socialistas sea el de la reforma legislativa, bien con modificaciones sustanciales de la ley Wert o con la propuesta en el futuro de una nueva ley orgánica.
En las primeras medidas anunciadas por la ministra de Educación destacan la consideración de la Religión como asignatura computable y a favor de la obligatoriedad de una materia común para todos los alumnos basada en «valores cívicos y éticos». Además, se acabarán los itinerarios educativos que segregaban a los alumnos desde los 13 años y se potenciará la revisión del modelo de becas para equipararlo a la media europea. Todo ello, con la idea expresada por Isabel Celaá de que «la equidad es nuestra mayor fortaleza».
