Cuatro años ha esperado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a que sus señorías atendieran al relato pormenorizado del drama que significa perder tu casa y, según marca la ley, seguir endeudado con la entidad bancaria. La comparecencia de la portavoz de la PAH, Ada Colau , fue contundente y en, algunos casos, con adjetivos y tonos amenazantes que no ayudan a describir la situación límite en que viven miles de personas en España. Colau defendió la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama la dación en pago retroactiva, que los expertos no ven viable jurídicamente sin que conculque gravemente el principio de seguridad jurídica. Pero la ILP se presenta con la legitimidad de un millón de firmas, el doble de las requeridas por la ley para este recurso ciudadano, aunque el PP ya anuncia que utilizará su mayoría absoluta para darle el menor recorrido posible. Aunque, en realidad, Colau y otras personas expertas en la materia han comparecido en comisión a petición de los diputados como previa a la discusión de un proyecto de ley sobre las hipotecas. Esta oportunidad debería aprovecharse para emprender cambios en la normativa, hacer visible que en el Congreso de los Diputados se escucha el clamor de la calle y desterrar los mensajes de culpabilización de los desahuciados presentes y futuros. La decisión de los jueces de plantarse ante la espiral de desalojos que en realidad ni siquiera benefician a los bancos marcó un camino. Ahora hay que seguirlo.
