El pasado domingo, el ministro de Fomento y vicesecretario general del partido socialista, José Blanco, afirmó que su partido excluirá de las listas para las próximas elecciones autonómicas y municipales a candidatos imputados en delitos que supongan "haber metido la mano". Al día siguiente, el presidente de la Junta asumió la posición de Blanco y anunció que en la región podrán someterse al voto candidatos imputados siempre que no se hayan enriquecido con fondos públicos. De hecho, en la condición de imputados se encuentran los candidatos a las alcaldías de Plasencia, Alburquerque y Moraleja. De ninguno de ellos hay acusaciones de enriquecimiento personal, de "haber metido la mano" en la caja de los fondos públicos, pero sí pesan imputaciones (tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos) que, de sustanciarse, denotan, en el mejor de los casos, un manejo indigno de las obligaciones a que todo cargo público se somete, de suyo, desde el momento en que solicita la confianza de los votantes.
Los partidos políticos tienen la alta tarea de representar a los electores: es una responsabilidad y un honor tan exigente que, lejos de obligarles a hacer malabares con las palabras y con los criterios para admitir una cierta manga ancha, tendría que agudizarles el rigor y presentar no solo a los mejores, sino a los intachables. No hacerlo empobrece la democracia y aleja a los partidos de los ciudadanos.
