WLwa Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) planteó días atrás al Gobierno un plan para invertir 23.500 millones de euros en infraestructuras. El plan, que se extendería a los próximos 40 años, se plantea como un modo de ayudar al Estado ahora que España va a dejar de percibir parte de los fondos para inversiones que proceden de la UE. Ese dinero se invertiría en autopistas --la inmensa mayoría-- y en ferrocarriles y revertiría en las empresas que llevaran a cabo esas actuaciones por la vía de la concesión administrativa, es decir, cobrando un peaje. La CEOE no incluye ninguna actuación en Extremadura. El argumento es que la escasa población de esta región impide que dichas obras sean rentables. Es esta una razón que pone al descubierto, de forma descarnada, el destino que tendría esta región si fueran los criterios de la CEOE (el beneficio y nada más) los que se impusieran a la hora de tomar decisiones políticas: pocas inversiones, o ninguna, porque como Extremadura está poco poblada, las inversiones allí no serían rentables o no lo serían en el plazo que se ha previsto que lo sean. Se podrá replicar que los planes empresariales se elaboran para ganar dinero, pero se olvidan de que un plan como el que se propone busca, efectivamente, ganar dinero, pero pidiendo la ayuda del Estado. Por otro lado, con posiciones como éstas después es más difícil tener argumentos para criticar la situación económica de Extremadura.