La clausura de las cárceles secretas que la CIA posee en diferentes países --Rumanía, Polonia,Tailandia y alguno de Oriente Próximo-- cierra un capítulo bochornoso en la historia reciente de Estados Unidos y restablece el respeto por el derechonacional e internacional. Desde el momento mismo en que se supo que la Administración del presidente George Bush había tomado el camino de la opacidad y la tortura en las llamadas dependencias negras (black sites ), el entorno de la Casa Blanca se esforzó en justificar estas prácticas con argumentaciones pseudojurídicas cargadas de cinismo. Lo cierto es que ni en la tradición legislativa de Estados Unidos ni mucho menos en las convenciones de Ginebra es posible dar con una sola línea que justifique los desmanes a los que ahora se ha puesto fin.

Por las mismas razones, no está en absoluto garantizada la impunidad para quienes aplicaron técnicas duras en los interrogatorios, de acuerdo con la autorización cursada por el Gobierno. Aunque el director de la CIA, Leon Panetta, sostiene que los funcionarios incursos en estas prácticas están libres de responsabilidad porque se atuvieron a las instrucciones de sus superiores, lo cierto es que no son pocas las voces en Estados Unidos --oenegés, organizaciones de derechos civiles y estudiosos del derecho-- que disienten de esta interpretación. Las razones que aportan no son en absoluto sentimentales, sino que se asientan en la idea de que la aplicación de la ley o de las órdenes ejecutivas del presidente no está exenta de responsabilidad cuando violenta de forma manifiesta el respeto debido a los seres humanos.

Es decir, que probablemente la decisión de Panetta de eximir de responsabilidad a sus subordinados es políticamente lógica, pero no les deja a salvo de los recursos que eventualmente puedan presentarse ante los tribunales. Una posibilidad que no debe descartarse en absoluto habida cuenta de que, según todos los indicios, superan el centenar quienes pasaron por los black sites --presuntos dirigentes de Al Qaeda y de otros grupos terroristas-- y una cuarta parte de ellos acabaron en el limbo jurídico de Guantánamo, también en fase de liquidación. De forma que si la utopía reaccionaria --más seguridad a costa de menos libertad-- quiso presentar todos estos centros como un mal necesario, quienes trabajaron en ellos quizá aparezcan ahora ante la opinión pública como merecedores de algún tipo de sanción.