Aunque el ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, quiso imprimir el viernes la máxima trascendencia a la reforma del Código Penal situando el futuro texto a la altura de las principales democracias, donde sí se puede contar ya es entre los más duros de Europa. Un hecho que contrasta con dos circunstancias que acompañarán a la nueva legislación y que, en principio, casan poco con ella: España cuenta con uno de los índices de delincuencia más bajos de la Unión Europea (48,4 infracciones penales por cada 1.000 habitantes), pero también con una de las mayores poblaciones carcelarias (160 por cada 100.000 habitantes). Haciendo oídos sordos a la polémica, se introduce en el ordenamiento jurídico la prisión permanente revisable, de dudosa constitucionalidad y considerada populista por parte de muchos juristas. En todo caso, el ministro subrayó que la legislación mantendrá el objetivo de la reinserción, a pesar de que la prisión permanente revisable lleva a pensar precisamente lo contrario.

Es inevitable, como sucedió el año pasado al anunciarse los cambios el viernes concretados, recordar casos mediáticos con fuerte impacto social, como el de la joven Marta del Castillo o el de los pequeños José y Ruth Bretón , al analizar modificaciones como el endurecimiento de las penas por detención ilegal o los delitos contra los menores.

Asimismo, se eleva de 14 a 16 años la edad mínima de consentimiento de relaciones sexuales. En el capítulo del castigo a la violencia de género, la reforma en curso entierra la impunidad del matrimonio forzoso y del acoso sin que medie agresión física.

Y con el 'caso Bárcenas en boca de todos los españoles y el telón de fondo de la laminada credibilidad de la clase política, el Gobierno ha decidido incluir en el Código Penal algunas medidas contra la corrupción, menos ambiciosas que las anunciadas por Mariano Rajoy .

Así, contempla la financiación ilegal de los partidos políticos como delito, pero no concreta quién será considerado el culpable. Sin embargo, simplifica el delito de cohecho, uno de los más comunes y fáciles de explicar pero más difíciles de probar jurídicamente. La reforma actualiza, finalmente, el castigo de los delitos vía tecnológica: mayor protección de la propiedad intelectual y penas de hasta seis años de cárcel para quienes proporcionan el ciberpirateo.