Cotidiana e insistentemente, los medios de comunicación nos están descubriendo la cruda realidad y el trágico balance de la circulación de vehículos y personas por nuestras vías. Llevamos muchos años escuchando, como impasibles y mudos actores, el número de accidentes, las cifras de víctimas, las causas más comunes, la adecuación de las normas a la realidad o la idoneidad y resultado de las medidas que se adoptan.
La circulación de vehículos y personas por las calles y carreteras de nuestras poblaciones se encuentra dentro del contexto más concreto de la seguridad pública, respaldado por los preceptos constitucionales de derecho a la vida, la integridad física y a la seguridad que deben garantizar los poderes públicos y, en ese sentido, conviene recordar, y cabe exigir, el principio de corresponsabilidad de todas las Administraciones públicas, reclamado insistentemente desde las más altas esferas de la responsabilidad estatal en materia de Tráfico.
Es muy significativo el dato sobre siniestralidad en el tráfico que establece que, más del 52% de los accidentes de circulación se producen en el casco urbano de las poblaciones, es decir, en vías de titularidad municipal. Sin embargo, estos datos nos pasan desapercibidos, centrándose la opinión pública y la especializada, quizás como consecuencia de la gravedad del número de accidentes que originan víctimas mortales, en el balance de accidentes de circulación en carreteras o vías interurbanas, siendo en este ámbito en el que profundiza la noticia y el análisis, pareciendo a veces que, salvando las responsabilidades de conductores y causas insalvables, fuese una determinada Administración a la que hay que pedir soluciones y responsabilidades, como responsable único de la siniestralidad.
Pero, a la vista del dato estadístico, el problema es mucho más complejo y grave y, sin duda, tiene otras esferas de actuación y responsabilidad, y no deja de ser la asignatura pendiente de la mayoría de los gobiernos locales.
Hay que tener en cuenta que, además de todas las causas que se aducen como principales en el origen de los accidentes del tráfico de vehículos en vías interurbanas, y que son también comunes en los accidentes urbanos (exceso de velocidad, alcohol, distracción, cinturón, cascos, somnolencia, entre otras ), la circulación de vehículos por vías urbanas se encuentra sometida a circunstancias que hacen de esa circulación una circulación más arriesgada y más propicia para el accidente de tráfico. Una siniestralidad que si bien arroja datos más benévolos respecto a las víctimas mortales, es especialmente dura y significativa en el registro de jóvenes que sufren la incapacidad motriz y sensorial, y tremendamente costosa desde el punto de vista sanitario y social.
XEN LOSx núcleos urbanos la desmedida saturación de las vías por los vehículos que circulan, la imposibilidad de mantener una conducción a velocidad uniforme, el continuo sortear de obstáculos como pueden ser los vehículos parados o mal estacionados, las operaciones de carga y descarga y las obras, o la propia dinámica en la conducción de ciclos y motocicletas, el trasiego de los viandantes, junto con las actividades que tienen lugar en el espacio próximo a la vía que llaman la atención y distraen al conductor, el uso del teléfono, la regulación semafórica e incluso la propia actividad de los agentes de tráfico o la merma en la percepción del riesgo y el inevitable estrés que produce la vida y la conducción en el medio urbano, son algunas de las causas que inciden en esa alta siniestralidad en la circulación de vehículos y personas en nuestras vías urbanas en la que se ven especialmente afectados los conductores más jóvenes y los usuarios que han dado llamarse, consecuentemente, vulnerables.
Unas causas conocidas y constatadas de siniestralidad en el tráfico urbano, que requieren análisis profundo y soluciones coherentes por parte de la Administración especialmente concernida y organismos que le son competentes. Y parecería hipócrita y sin duda poco responsable que, a tenor de los datos de siniestralidad conocidos, no se reclamase por parte de la opinión pública, con igual intensidad y exigencia con la que se hace sobre la siniestralidad del tráfico en otro ámbito, el mismo criterio de iniciativas para reducir esa siniestralidad, para la que, desde todos los ámbitos, se exige el endurecimiento de la norma, mejoras en trazados y señalización, mejoras en la seguridad pasiva, incremento de los medios humanos y técnicos, aplicación taxativa de las medidas coercitivas reeducadoras, agilización del trámite administrativo sancionador e impunidad cero para los infractores, siendo medidas éstas que, necesaria y coherentemente, deben tener un espacio global de aplicación.
En ese sentido, es muy loable y meritorio el esfuerzo que vienen realizando aquellas Administraciones locales que anteponen la seguridad de sus conciudadanos a cualquier otro interés, soportando la crítica que, desde el irracional concepto de comodidad por seguridad, sectores aislados y beneficiarios singulares pueden hacer respecto a las medidas que, desde el interés colectivo, esos gobiernos municipales llevan a efecto para eliminar riesgos en la circulación de vehículos y personas, mejorar las condiciones de la circulación y reducir la siniestralidad del tráfico en el ámbito urbano de sus poblaciones. Hechos estos y logros alcanzables de políticas coherentes y responsables que sin duda reportan el reconocimiento de un electorado que, cada día más, demanda calidad de vida y mayor seguridad.
*Subinspector Jefe de Policía Local
