TLta crisis económica que estamos padeciendo tiene también sus aspectos positivos. En este sentido hay algo que está cambiando en la aptitud de los ciudadanos ante los continuos atropellos sufridos de manera reiterada, por parte de algunas empresas de determinados sectores. Esto ha potenciado y fortalecido un espíritu de inconformismo y de cierto activismo, a la hora de exigir derechos y presentar reclamaciones ante situaciones de estafa, engaño, falta de transparencia y abusos, generados en todos los ámbitos, pero con mayor asiduidad en empresas de servicios. Sin duda, los casos de los cortes de suministro de telefonía a finales del pasado año en Extremadura, denunciada por las asociaciones de consumidores, y la polémica suscitada con la facturación de las eléctricas --que ha derivado en la instrucción de un expediente sancionador a las compañías por parte del Instituto de Consumo de Extremadura-- parecen haber generado un excepcional clima para la defensa de los intereses de los ciudadanos y un nuevo orden, que aunque regulado por la propia Ley autonómica 6/2001 del Estatuto de los Consumidores de Extremadura, permanecía latente por la escasa implantación de la cultura de la queja y la reclamación.
Ya iba siendo hora que los ciudadanos comenzásemos a tomar conciencia de esto, que la propia administración se ponga del lado de los consumidores (tal y como establece la ley) y que juntos se construya un nuevo orden que nos otorgue mayor seguridad en el consumo y nos garantice el cumplimiento de nuestros derechos. ¿Quién no ha sufrido alguna vez este tipo de situaciones? Ciertamente, ya estamos un poco hartos de que se vulneren las normas, se nos engañe y nos hagan pagar bienes o servicios en pésimas condiciones. El nuevo contexto es posible siempre y cuando seamos inconformistas, exigentes, nos aliemos en estructuras sociales de interés común (organizaciones sociales de consumidores), y perdamos los complejos y reticencias a la hora de exigir lo que realmente nos corresponde.
