Mercasevilla hizo dos regulaciones de empleo en años diferentes en las que se incluyeron como beneficiarias de prejubilaciones a personas que nunca habían trabajado para el mercado de abastos. Una vez descubierto el fraude, que investiga la justicia, los servicios de trabajo de la Junta de Andalucía empezaron a revisar los expedientes de regulación de empleo (ERE) de las últimas épocas y han pasado al juez unos 70 casos irregulares, que corresponden al 4% de los investigados hasta ahora. Parece muy difícil que una trampa tan burda se cuele por todos los filtros a que se someten esas operaciones, desde la propia empresa, con el control de los sindicatos, hasta la autoridad laboral. Por tanto, no es descartable que ese delito contase con complicidades incluso en ciertos niveles administrativos. Al margen, lógicamente, de la responsabilidad política de quienes han tenido a su cargo la gestión y la distribución de unas ayudas públicas con las que se trata de apoyar a personas que pierden el trabajo, no a amigos o colegas. En paralelo a estos escándalos, y bajo la influencia de la dura precampaña electoral que vive Andalucía, donde el PP podría desplazar al PSOE de un poder en el que se instaló hace casi 30 años, estos días no paran de surgir presuntos nuevos casos; más inflados que reales, pero muy aireados desde los púlpitos conservadores más recalcitrantes. La oposición, de derechas y de izquierdas, los utiliza para fustigar al Gobierno de José Antonio Griñán que no consigue salir de las cuerdas y dar una respuesta convincente.
