WEw l exalcalde de Andratx (Mallorca) está en prisión provisional mientras se investiga su participación en las irregularidades urbanísticas de todo signo que han sucedido durante su mandato. Su actuación abusiva acumula hasta ocho supuestos de violación del Código Penal, desde el delito urbanístico hasta el engaño a la Hacienda Pública o el blanqueo de dinero. Es el caso de presunta corrupción más destacado que ha saltado a las primeras páginas de los medios de comunicación en los últimos días, pero no el único, porque también el alcalde de Santa Cruz de Tenerife está en la cuerda floja tras ser acusado por el juez de Garzón de un delito de cohecho. Ambos casos se añaden a todas las corruptelas descubiertas los últimos meses, que han aparecido desde que se desmanteló, con gran interés mediático y no siempre enfocado a la denuncia de la corrupcpión, la trama que ha hecho que Marbella pase a convertirse en un paradigma del chanchullo. Telde, Riba-roja, San Javier y Pilar de la Horadada, pequeñas poblaciones cercanas a grandes ciudades, han sido noticia los últimos días por comportamientos similares, que se suman a los casos ya conocidos detectados en Ciempozuelos y Seseña. Hasta ahora, y afortunadamente, la región extremeña se ha visto libre de aparecer en los papeles con motivo del descubrimiento de asuntos como los mencionados.

Pese a su diversidad, todos estos casos presentar trazas comunes. La primera, que ya son demasiados los municipios que no administran correctamente sus competencias urbanísticas, sino todo lo contrario: la connivencia de los alcaldes con los promotores urbanísticos --si es que no reúnen en una misma persona ambas condiciones-- está en el origen de las malas prácticas, que acaban en delito. La segunda característica común es que los gobiernos autonómicos en cuyo territorio han acaecido no han sabido corregir estas desviaciones, y mucho menos si son del mismo color político que el edil del municipio donde hay corrupción urbanística. La tercera es que el fenómeno afecta por igual a los grandes partidos, PP y PSOE. Y cuarta, que la falta de competencias del Gobierno central para atajar los abusos urbanísticos ha forzado en exceso que se actúe a través de otros organismos, como cuando el Ministerio de Medio Ambiente avisa de falta de agua en algunas urbanizaciones irracionales o el de Fomento recuerda que no hay carreteras programadas para acceder a las nuevas promociones. Y no es que se trate, como han pedido algunas voces, de hurtar a los ayuntamientos de las competencias urbanísticas, porque eso sería criminalizar a los miles y miles de alcaldes y funcionarios municipales que se distinguen por su probidad y su honradez en la gestión pública.

Pero lo cierto es que el Estado se ha visto un tanto desarmado y al final el recurso ha sido la utilización de los fiscales que luchan, y bien, contra la corrupción, que cuentan con la sensibilidad de los jueces para acoger sus denuncias. Es la solución extrema, pero no la idónea, porque así se extiende la sensación de que la autonomía de cada nivel de administración no garantiza que se impidan las tropelías urbanísticas que se han extendido por buena parte de España.