El Partido Popular ha puesto en tela de juicio los datos de las cuentas públicas de los gobiernos de Castilla-La Mancha, Asturias y Andalucía, de momento. Para hacer más ruido, en el primer caso ha llegado a decir que no hay dinero para pagar las nóminas de los funcionarios. Y después de levantar una enorme polvareda política con esas acusaciones, Mariano Rajoy ha ofrecido "lealtad institucional" al Gobierno si habla a "calzón quitado" de las comunidades y convoca una reunión extraordinaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para pactar algo que ya está pactado, la reducción del déficit autonómico. Es decir, primero siembra el desconcierto con una oleada de imputaciones y después ofrece la salvación. Hay que recordar que hace una semana el PP no envió a sus consejeros de Sanidad a una reunión sectorial para tratar la llamada crisis del pepino con el argumento de que la mayoría de los titulares de esos departamentos estaban en funciones. Sería cómico si no fuera tan grave.
Y es grave porque ayer mismo un medio tan influyente como el Financial Times se hacía eco del desbarajuste autonómico que amenaza la reducción del déficit. La Comisión Europea recomendará hoy a España que controle mejor el gasto de las autonomías, puesto que si estas administraciones no cumplen será imposible alcanzar el paulatino equilibrio de las cuentas públicas. Hacer oposición integral en todas las cuestiones, por delicadas que sean, es discutible, pero legítimo. Si exagerar las dificultades financieras de las autonomías es una estrategia para poner contra las cuerdas al Gobierno central, hay que decir que, en estas circunstancias, es muy peligroso.
