El Parlamento europeo se pronunció esta semana en relación con la futura legislación que tendrá que normativizar en torno a los derechos de autor, la libertad de expresión, así como el papel de las pequeñas empresas en el marco del negocio de las grandes tecnológicas, y el lucro que obtiene de sus contenidos. Una posición que ha ido mucho más lejos de lo que pretendió la Comisión Europea. Se trata, siempre, de una materia movediza por eso de estar en un terreno que avanza a tal velocidad, que la legislación, con frecuencia, llega tarde.
Lo que ha quedado claro con el texto que ha aprobado el Parlamento Europeo es el hecho de que las grandes empresas tecnológicas deberán compartir sus ingresos con artistas y periodistas, y resto de creadores de contenidos. De esta manera, músicos, guionistas, intérpretes, editores y periodistas deberán ser resarcidos económicamente, cuando esos trabajos sean difundidos por plataformas, tales como Youtube, o Facebook, así, como también, Google News.
Hay que destacar el trabajo en este caso, de la mayoría de los parlamentarios europeos, que han sabido abstraerse de esa, sin duda, presión de gigantes de internet y legislar para todos, en el sentido de remunerar a aquellos que actúan dando contenidos en un mundo que le es tan inaccesible, como de difícil negociación en sus acuerdos contractuales, por la fuerza imperante del magnate tecnológico, frente al resto de operadores.
Y a todo ello se le acompaña un sistema de responsabilidad objetiva, respecto a la infracción de los derechos de autor, que recaerá en estas grandes empresas.
Puede resultar complejo todo ello en una sociedad dominada por estas potentes organizaciones, que avanza a tal velocidad, que es difícil de prever consecuencias para todos los que inter actúan en la red. Pero se debe proteger, de alguna manera, el derecho de todos aquellos que vuelcan sus contenidos en las mismas. Por lo que se tendrá en cuenta que los que ofrecen contenidos ya no quedarán al albur del máximum de estas empresas, y podrán tener reconocido, de inicio, ese derecho a ser resarcido económicamente por lo su trabajo como creadores.
Al mismo tiempo, el nuevo texto queda claro que las llamadas enciclopedias sin fines comerciales permanecerán fuera de esta regulación, por ese concepto de amplio espectro no remunerado.
Puede ser, sin duda, una normativa interesante por eso de pretender algo que señala el refranero español cuando indica que «nadie puede poner puertas al campo», pero está bien en la medida que desde las autoridades se puedan llevar a cabo medidas que tratan de contrarrestar escenarios de excesivo poder, con capacidad de implantar estrategias comerciales, con imposición de modus operandi de mercado. Porque en esto no sólo se juega el concepto del respeto a la libertad sobre los textos de sus creadores, sino la capacidad de armonizar sociedades imbuidas de potentes y supranacionales empresas, capaces de influir y mediatizar reglas del juego, en un escenario posesivo en relación a la comunicación fabricada desde las grandes tecnológicas.
