Derribar o no derribar. Esa es la cuestión que mantiene en un sinvivir a algunos propietarios de viviendas de La Vinosilla y la sierra de Santa Bárbara de Plasencia. Aunque entre ambas zonas hay en torno a 500 edificaciones, solo cinco propietarios tienen orden judicial de derribo.
Porque algo llamativo de lo que ocurre con estas viviendas es que hay vecinos en procesos penales, los menos y otros en procesos administrativos que, en muchos casos, han terminado con sentencias absolutorias por prescripción, por lo que no todos están teniendo la misma suerte, a pesar de que el delito es el mismo. No tiene lógica.
Tienen en común las multas coercitivas impuestas por el ayuntamiento y que en ambas zonas han comenzado procedimientos de regularización gracias a que la nueva Ley del Suelo de Extremadura lo permite.
He aquí el quid del asunto. Los que tienen órdenes de derribo no han parado de pedir más tiempo al juzgado, el necesario para que se regularicen sus viviendas y no tengan que derribarlas porque, por primera vez, pueden hacerlo. El juzgado, hasta ahora, ha sido claro, como no son directamente legalizables, hay que tirarlas.
Hasta que una jueza ha accedido a suspender temporalmente el derribo en La Vinosilla para que el ayuntamiento le verifique si ha cambiado la legislación y se puede regularizar. En Santa Bárbara miran con lupa lo que está sucediendo en La Vinosilla porque lo que decida el juzgado sentará un precedente, para ellos y para el resto de la región.
La nueva Ley del Suelo recoge lo que ya el TSJEx dictó el año pasado sobre Valdecañas, que es mejor mantener las miles de edificaciones levantadas por toda Extremadura en suelo no urbanizable, siempre que no se permitan más, que derribarlas todas porque, a día de hoy, sería mayor el daño al medioambiente.
Lo cierto es que, por regla general, forman parte del paisaje desde hace muchos años y sí, sus propietarios incumplieron la ley y deberían pagar por ello, pero hay otras fórmulas, más allá de llenar los montes de espacios yermos.
En Plasencia, los dueños llevan 9 años pagando el IBI y tendrán que hacerse cargo de todos los costes de regularización. Ya que ahora sí pueden ser legales, quizás sea el momento de regularizar lo que hay -con excepciones- y poner más celo en que no vuelva a repetirse.
*Periodista
