Arsénico en papel de celofán. Es una forma de explicar el intento de blanquearse ante la ley por parte de los amigos políticos de ETA. Esos que, según doctrina judicial vigente, forman parte de "una estructura integrada en ETA para hacer más eficaz la acción terrorista". Frente a tan inequívoco pronunciamiento de los más altos tribunales (Supremo, Constitucional y Estrasburgo), no todo puede arreglarse mediante simples retoques encaminados a desprenderse de tan tóxica impregnación.

De modo que al Gobierno no le quedaba otra que remitirse a la Fiscalía General del Estado para promover el consabido incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Supremo. Eso requiere presentación de pruebas que demuestren que la nueva Batasuna (pretende inscribirse en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior con el nombre de Sortu ), es la misma que quedó disuelta y fuera de la ley en marzo de 2003 en aplicación de la Ley de Partidos Políticos, la misma que desde junio de 2003 figura en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.

Se trata de saber si, con estos antecedentes, las novedades formales incluidas en su solicitud de inscripción como nuevo partido legal son suficientes para que los tribunales le permitan concurrir a las elecciones del 22 de mayo. No parece que la complicada arquitectura jurídica que culminó en la ilegalización del brazo político de ETA pueda ser desmontada de la noche a la mañana porque en la misma tacada los dirigentes de Batasuna hagan una mera adaptación formal o verbal de sus estatutos a la letra de la Ley de Partidos Políticos.

No sin un tiempo de prueba con margen para verificar si es sincero el propósito de desmarcarse totalmente de ETA en el futuro. Pero no se desmarcan de lo hecho por ETA en el pasado. Y esa ya es una razón para compartir la opinión del ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno, Pérez Rubalcaba , cuando dice que "la credibilidad de Batasuna está bajo mínimos". De momento, lo único que nos han ofrecido los Iruin, Echevarria, Usabiaga, Barrena, etc., son palabras, dichos, anuncios, intenciones, promesas. Tendrían que superar el contraste con la realidad. Y para eso hace falta tiempo.

No se puede despachar con un benemérito propósito de la enmienda y algunos retoques formales la complicidad de cuarenta años con una banda terrorista cuyo rastro de sangre sigue fresco en el dolor de miles de familias y en la memoria de todos los españoles. Así las cosas, sería un error que el Ministerio tramitase sin más la inscripción. No va a ocurrir. Y es una buena noticia, aunque sólo sea por mantener el consenso entre las direcciones oficiales de las dos grandes fuerzas políticas del sistema para acabar con ETA y sus amigos.