El secuestro de tres cooperantes españoles en Mauritania es una acción oportunista, de acuerdo con la terminología de los expertos, pero no un acto terrorista decidido al azar. Si se confirman las sospechas de que detrás del golpe de mano se encuentra la organización Al Qaeda del Magreb, habrá que convenir que la elección de ciudadanos españoles para perpetrar la fechoría obedece a la idea muy extendida de que el fundamentalismo islámico ha hecho de nuestro país uno de sus objetivos predilectos. Por razones históricas --el recuerdo de Al Andalus-- y por razones bastante más prosaicas y recientes --el apoyo del Gobierno de José María Aznar a la invasión de Irak--, aliñado todo con el dato irrefutable de que en algunas grandes ciudades han encontrado cobijo células islamistas durmientes en contacto con organizaciones equivalentes del norte del continente africano.

Poco se puede reprochar a la oenegé responsable de la caravana atacada, al Gobierno de Rodríguez Zapatero --apoyado por una vez por la oposición--, que ha pedido que se respete la discreción de las gestiones en curso, y a las autoridades mauritanas, con recursos más que modestos para garantizar la seguridad.

Puede decirse que Mauritania es el escenario idóneo --un millón de kilómetros cuadrados, algo más de tres millones de habitantes-- para que las partidas islamistas operen en aquel inmenso pedazo de desierto con total impunidad. Y hay que recordar que si una organización tan compleja como la responsable de la carrera París-Dakar hubo de emigrar a América por razones de seguridad, un convoy de ayuda, con bastantes menos medios de apoyo, es mucho más vulnerable.

La realidad descrita, el dramatismo de la situación y la acumulación de despropósitos durante el secuestro del atunero Alakrana parecen haber inducido a socialistas y populares a proyectar una imagen de unidad.

La experiencia acumulada les ha curtido para que en esta ocasión no haya descoordinación ministerial, explicaciones disonantes y reproches que no vienen a cuento. Lo importante es lograr que los tres cooperantes recobren la libertad cuanto antes; quién lo haga y en qué condiciones lo es menos. Porque al igual que en el caso del atunero vasco, la negociación de un rescate no se hace en términos convencionales, sujetos a reglas y leyes precisas, sino con personas habituadas a asumir grandes riesgos y para las que ni siquiera tiene valor conservar la propia vida.