La desarticulación del comando Vizcaya de ETA confirma que cada vez hay menos tiempo entre la ejecución de atentados y la detención de sus autores. De hecho, los portavoces de las fuerzas de seguridad acusan a Arkaitz Goikoetxea y a las otros ocho personas detenidas ayer de haber participado en acciones terroristas posteriores al final de la última tregua, entre ellas la colocación del coche bomba en la casa cuartel de Legutiano (Alava), que le costó la vida al guardia civil Juan Manuel Piñuel. Esto no quiere decir que la banda terrorista, aunque debilitada por los sucesivos golpes policiales, no tenga capacidad de matar. Pero es evidente que el grupo de etarras que aún sigue formando comandos activos es cada vez menos numeroso y está peor preparado.

Este nuevo golpe a ETA se produce en un momento en el que los partidos democráticos parecen haber recuperado el consenso en materia antiterrorista, tras el fallido intento de final dialogado, impulsado por el Gobierno en la anterior legislatura. ETA rechazó de forma cruel y expeditiva la oportunidad que le brindaba el Estado democrático. Ahora solo le queda la rendición o el conteo sistemático de bajas de unos activistas cada vez más inexpertos.

Los detenidos ayer planeaban, al parecer, atentados en zonas turísticas, al estilo de los registrados en Cantabria el fin de semana. ETA mantiene la estrategia de extender el terror entre la población con la colocación de explosivos en calles y playas, pero cada vez es más débil su infraestructura, mientras que los apoyos políticos pasan por un momento crítico con el horizonte de quedar fuera de las instituciones.