El anuncio hecho ayer por el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, de que su gobierno no presentará el anteproyecto de Presupuestos del 2012 hasta tanto no conocer las previsiones de inversión del Gobierno central, puesto que condiciona el 60% de las cuentas regionales; e incluso de prorrogarlos si no tiene esa información, es un asunto de enorme calado y que puede tener consecuencias sociales y económicas muy serias en orden a la certidumbre, o no, que debe regir el devenir de la ejecución financiera de la institución capital de la región. El consejero dice no disponer de información fiable para elaborar un nuevo presupuesto pero, al tiempo, pretende, como mal menor, prorrogar unas cuentas, las de 2011, cuya fiabilidad ha desacreditado el propio consejero repetidas veces. ¿Qué cuentas valen, entonces? ¿Sobre qué bases financieras se va a asentar la Junta y todo lo que de ella depende, que no es solo el pago de las nóminas de sus funcionarios?
Es posible que al consejero le falten datos para elaborar los presupuestos; y que ello sea consecuencia de que el Gobierno central tampoco tiene previsto elaborar su correspondiente anteproyecto de Presupuestos. Pero el anuncio que hizo ayer Antonio Fernández no debió esperar a hacerlo a que estuviéramos en vísperas del término del plazo establecido en el Estatuto para su entrada en la Asamblea. Si la Junta está esperando desde hace semanas a disponer de información del Gobierno para elaborar las cuentas habría que haberlas reclamado hace semanas, de manera que no se tuviera que romper ningún plazo, mucho menos uno establecido en el Estatuto.
