En los últimos días los ciudadanos hemos tenido conocimiento de que la Junta de Extremadura es probable que inicie acciones judiciales contra el Ayuntamiento de Mérida porque con el proyecto del cuartel Hernán Cortés, la construcción de un geriátrico privado en suelo público y la construcción también de la Ciudad Deportiva se estarían incumpliendo la ley urbanística extremeña y las normas urbanísticas de la propia ciudad de Mérida.
El ayuntamiento, en su línea habitual de no hablar de lo que se le pregunta, trata de desviar la atención con su ya habitual discurso de: "Se va a crear empleo y riqueza". Y es que se venden al ciudadano las supuestas bondades del proyecto para no hablar de lo que la Junta le está pidiendo que explique. Es decir, se quiere llevar el asunto a cuestiones sobre las que nadie discutirá nunca, porque todo el mundo quiere puestos de trabajo y riqueza para la ciudad. De modo que no es esta la cuestión, sino el incumplimiento de leyes de derecho público, y sobre las cuales no hace falta decir que se han dictado para la protección de bienes y derechos públicos que necesitan un reconocimiento superior y preferente, de ahí que lo que vaya en contra de ese estatus jurídico esté prohibido por estas leyes.
XLO DEMASx son ganas de desviar la atención, porque se insinúa que no importa que el proyecto pueda ser ilegal si se generan puestos de trabajo, y nuevamente se utiliza demagógicamente el empleo (como otras veces se hace con el turismo para las obras) para que el ciudadano se posicione a favor, cuando la realidad es que el ciudadano pierde más que gana, y si de crear empleo se trata se pueden buscar suelos idóneos y proyectos legales.
Lo curioso es que si se dice que un proyecto no cumple las normas urbanísticas, inmediatamente se contesta quien no esté de acuerdo que vaya a los tribunales , y cuando se va a los tribunales porque no se atiende a razones se contesta es que no quieren a Mérida .
Por tanto, si para crear empleo y riqueza estuviera justificado transgredir las normas, sencillamente no harían falta normas, que es lo que a muchos les gustaría: que la ley sea lo que ellos acuerden y nada más. Así pensado lo mismo se podría decir de cualquier actividad ilícita, la cual quedaría sanada jurídicamente o convalidada si en su ejecución se ha creado empleo. Si esto fuera así, los imputados de Marbella habrían encontrado la eximente penal más completa, porque nadie duda que allí se ha creado empleo y de muy diversas categorías (laborales y delictivas) y se ha incrementado considerablemente la riqueza de algunos. Pero sólo a individuos sin escrúpulos se les ocurriría defender que no importa cometer ilegalidades si al final se crea riqueza, respecto de lo cual habría que ver también cuánta y para quién.
*Exgerente de Urbanismo de Mérida
