El Real Decreto de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros, contiene un importantísimo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales producidas en familias, trabajadores, autónomos y empresas, por la crisis generada por el coronavirus. Aunque quienes quieran opinar con rigor sobre las mismas deberían leerse las 46 páginas del DOE, aquí va, antes de valorarlas al final, un resumen de las que considero mas destacables.

Medidas de Apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables: Creación de un Fondo Social Extraordinario dotado con 300 millones de euros para reforzar los servicios sociales que gestionan Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales; Aplicación del superávit de las Entidades Locales a gastos en servicios sociales y promoción social; Garantía del suministro de agua y energía a consumidores vulnerables; Apoyo al trabajo a distancia y a la adaptación de horarios y jornadas de trabajadores; Moratoria de la deuda hipotecaria a quienes padezcan dificultades extraordinarias como consecuencia de la crisis generada por el coronavirus; Prestación por cese de actividad a los autónomos que tengan que suspender sus actividades o que reduzcan su facturación, al menos, en un 75% con relación al semestre anterior; Mantenimiento de los servicios de comunicación electrónica y telecomunicaciones.

Flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos: Consideración de fuerza mayor en las suspensiones de contratos y reducciones de jornada originadas por la crisis sanitaria; Agilización de los procedimientos para tramitación y aprobación de ERTEs; Derecho a las prestaciones de desempleo a los trabajadores afectados, aunque carezcan de cotizaciones para ello; No computo de las prestaciones de desempleo de cara a futuros derechos; Exoneración de las cuotas de la Seguridad Social a las empresas con ERTEs.

Garantía de Liquidez para empresas y autónomos: Línea de Avales de 100.000 millones de euros a empresas y autónomos que mantengan empleo; Ampliación de 10.000 millones de euros de las Líneas del ICO destinadas a pymes y autónomos; Suspensión de plazos en los trámites ante la Agencia Tributaria; Suspensión de los contratos públicos afectados por la crisis sanitaria, con pago a los contratistas afectados de daños y perjuicios; Prorroga de los plazos de amortización de los créditos agrarios consecuencias de la sequia.

Apoyo a la Investigación del Covid-19: Medidas laborales excepcionales y créditos extraordinarios para abordar la investigación relacionada con el coronavirus.

El escudo económico y social que configuran estas medidas es un escudo robusto, destinado a proteger a los más vulnerables, a los más afectados por la emergencia sanitaria; un escudo con el que proteger a los más débiles, a los trabajadores que sufren las consecuencias del cese o reducción de actividad de las empresas en las que trabajan, a las familias mas vulnerables.

Unas medidas que en el ámbito laboral pretenden conseguir que haya un ajuste temporal del empleo que evite despidos, y que aportan liquidez a las empresas que mantienen el empleo.

Creo que es de justicia reconocer el importante Plan de Emergencia aprobado por el Gobierno, con un paquete de medidas que debería permitirnos mitigar los peores efectos económicos y sociales de la crisis y abordar en mejores condiciones la recuperación de nuestra economía una vez superemos la emergencia sanitaria. Hace falta ahora que se arbitren los medios necesarios para su rápida ejecución.

Sin embargo, este reconocimiento no es incompatible con decir que el escudo tiene algunos agujeros que sería necesario taponar, para que todos estén y se sientan protegidos.

Entre esas carencias señalar la ausencia de prestaciones económicas para quienes reducen o suspenden sus actividades laborales o profesionales para cuidar hijos, mayores o personas dependientes durante el aislamiento; medidas para ayudar a las familias en alquiler, igual que se hace con los propietarios hipotecados; medidas de apoyo a las empleadas de hogar, sin protección alguna, y medidas para mejorar el apoyo a los autónomos.

Son estos, los autónomos, el grupo seguramente mas insatisfecho por las medidas acordadas, sobre todo aquellos que no se han visto obligados a suspender totalmente sus actividades (estos si tendrán prestación económica), pero que verán reducida sustancialmente su actividad, sin llegar al 75% de su facturación.

El colectivo de autónomos es muy diverso, -conviviendo en él situaciones muy diferentes, entre las que la economía sumergida juega un papel importante-, lo que indudablemente dificulta la adopción de medidas que atienda las distintas casuística, pero establecer una prestación por cese parcial de la actividad, exonerar del pago de la cuota de la Seguridad Social, o pagar inmediatamente las deudas con proveedores que tienen las diversas administraciones, ayudaría a paliar su situación.

Es razonable pensar que, tras este importante paquete de medidas, el gobierno tome otras que permita taponar estos agujeros que muestra el escudo. Es de justicia.

Como es de justicia reconocer, hoy, la importancia de lo aprobado.

*Consultor en desarrollo e innovación.