El texto reformado del Estatuto de Autonomía pasó ayer en el Congreso de los Diputados su primer trámite: fue tomado en consideración con solo dos votos en contra. A partir de ahora, se abre el plazo de las enmiendas parciales y del dictamen de la Comisión Constitucional antes de que sea votado en el Congreso y el Senado. No había suspense acerca de que el Estatuto extremeño pasaría este primer corte, puesto que el texto llegaba a la Carrera de San Jerónimo con el aval de los dos partidos mayoritarios. Sin embargo, sí había interés por conocer las razones por las cuales también habría de recibir el apoyo --anunciado con antelación y recogido en estas páginas-- de otros grupos parlamentarios, particularmente los nacionalistas. Y había interés porque la filosofía en la que se basa el Estatuto presentado por el Parlamento regional, la de la autonomía netamente constitucional y corresponsable con la gobernabilidad del Estado, choca frontalmente con algunos aspectos del Estatuto catalán y, por supuesto, con el no nato ´plan Ibarretxe´. Al final, los grupos nacionalistas dieron el apoyo al texto extremeño debido a que las palabras y los conceptos, sobre todo en política, tienen más de un significado: el que corresponda en cada caso con tal de llevar el agua al molino de cada uno. Así, resultó que, en boca de los nacionalistas, el Estatuto extremeño parecía, al menos, tan ´federal´ como el Estatut, según el portavoz de CiU, Jordi Xulc, para quien la disposición adicional que contiene sobre la necesidad de que el Estado aporte fondos para que Extremadura alcance la media nacional en la prestación de los servicios esenciales es similar a la exigencia de que el Estado transfiera a Cataluña lo mismo que esta comunidad aporta al PIB nacional, con lo que el PP, según CiU, apoya para Extremadura lo que rechaza para Cataluña.

De igual modo, los portavoces del PNV y de Nafarroa Bai aprovecharon el debate sobre el Estatuto extremeño para quejarse del rechazo al ´plan Ibarretxe´, destacando que ahora se apoya que Extremadura lleve a su texto fundamental sus especiales relaciones con Portugal, cuando el texto vasco incluía también una declaración de relaciones especiales con el País Vasco francés y, sin embargo, se rechazó. De todo ello se deduce que los grupos parlamentarios, más que aprobar el primer trámite del Estatuto extremeño, aprovecharon su entrada en el Congreso para saldar cuentas pendientes con los grupos que lo apadrinaban, el PSOE y el PP.

Lo mismo cabría decir de los dos diputados que votaron en contra: Llamazares lo hizo, no tanto por estar en desacuerdo con su contenido, sino en razón de que en Extremadura no se había contado con IU, cuando se trata de un texto que se discute y aprueba en el seno del parlamento y por los grupos que forman parte de él. Y Rosa Díez tampoco rechaza su contenido, pero se opone a todas las reformas estatutarias. Para UPyD lo que habría que reformar es la Constitución.