Ayer tuvo lugar el acto de recepción, por parte del presidente de la Asamblea, del texto de reforma del Estatuto de Autonomía. Se produjo en un momento especial --la institución que representa la soberanía popular cumplió 26 años-- y no solo estuvieron presentes en la entrega de los 60 folios de que consta los cuatro ´padres del Estatuto´ --Francisco Fuentes e Ignacio Sánchez Amor, por el grupo socialista, y Teresa Angulo y Manuel Barroso, por el grupo popular--, sino también el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el jefe de la oposición, José Antonio Monago. La ocasión lo merecía y esa puesta en escena fue la ajustada: se trataba de dar la imagen de la unidad, de que ese texto del Estatuto es "el texto de todos", una circunstancia que tiene un valor histórico (Monago lo citó expresamente) porque el Estatuto vigente no gozó de esa unanimidad y, por tanto, la autonomía nació lastrada por aquellos descreídos a los que ha hecho falta convencer de que la norma por la cual Extremadura es autónoma ha coincidido con la época de mayor prosperidad de la región.

Es importante señalar también que ese Estatuto no pretende ser solo de todos los extremeños, sino también de los que no lo son, puesto que, a diferencia de las nuevas normas autonómicas de algunas comunidades, no traba ni interfiere en el desarrollo de la vida política y en las competencias de los que no son extremeños; no se arroga ´competencias exclusivas´ que sean excluyentes para el resto de comunidades o que invadan su soberanía, aunque sí se pone a salvo de "las diferentes formulaciones estatutarias que puedan significar perjuicios para la región".

El Estatuto acentúa la defensa de la comunidad y fija mecanismos para obligar al Estado a concretar la solidaridad con varias medidas: establece que en el próximo año, Gobierno y Junta deberán concretar la cuantía de la deuda histórica, que tendrá que ser pagada en los tres años siguientes a partir del acuerdo sobre la cantidad; que el Estado debe hacer inversiones extraordinarias, equivalentes al 1% del PIB regional mientras no se haya alcanzado el nivel medio de vida; y lleva al texto, que tiene fuerza de Ley Orgánica, los criterios que defiende la región para establecer la financiación autonómica: la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población, la baja densidad, el peso del mundo rural...

El nuevo Estatuto otorga a los ayuntamientos mayor autonomía financiera, puesto que les libera del carácter finalista que hasta ahora tenían parte de los fondos procedentes de la Junta a los municipios y hace de la Fempex un interlocutor preferente, y resuelve, por un lado, el conflicto del agua, que a cuenta del posible trasvase desde Valdecañas planteó el PP, y la sede de nuevas y ya creadas instituciones. De entre ellas destaca el Personero del Común (Defensor del Pueblo), denominación relacionada con los antiguos síndicos generales que, según el Diccionario, eran los que en los ayuntamientos o concejos se encargaban de promover los intereses de los pueblos, defender sus derechos y quejarse de los agravios que se les hacían. Su sede será Plasencia.