Siempre sospeché que cuando Pablo Casado era promovido por un importante sector del PP y exterior al partido, es porque saldría judicialmente limpio de polvo y paja en la causa abierta sobre su máster en la universidad Rey Juan Carlos. No me cabía en la cabeza que estando en curso las investigaciones e informaciones periodísticas sobre ello, con indicios racionales de haber recibido trato de favor, y posible delito, hubiera dudas en los estamentos en que se apoyaba; en que albergaran incertidumbre sobre la resolución final.

Esta no se ha producido, es cierto, y estamos todavía en la fase de petición de la jueza de instrucción que elevó al Tribunal Supremo la solicitud de investigación-imputación en la persona del joven líder del PP. Pero la postura de la Fiscalía de ese tribunal, rechazando la tesis de la jueza y descartando la existencia de indicios de delito, aclara a mi juicio perfectamente lo que va a pasar, que será el archivo-sobreseimiento de la causa.

Al final el paso por el sistema judicial del ‘caso Casado’ le va incluso a beneficiar políticamente, porque la decisión de los magistrados va a a venir, probablemente, repito, a blanquear el hecho de haber obtenido un máster con convalidación previa de 18 de 22 asignaturas, y sin haber ido un día a clase siendo como era el máster presencial. Lo que va a quedar para la gran opinión pública y electorado de titulares y noticiario superficial es una victoria judicial de un joven líder de la derecha que seguramente no necesitaba dado su empuje y prometedora carrera, pero que le viene de anillo al dedo en el momento que supera un primero y gran obstáculo.

Con casos como el de Cifuentes, Casado, pero también la ministra socialista Montón, se destapa una de las cloacas, y hay tantas, de la corrupción y chanchulleo nacional, y por desgracia en una Universidad pública a manos de un profesor con pocos escrúpulos que montó un chiringuito perfectamente conocido entre las élites que de él se servían.

Con ello ha sufrido toda la Universidad, por si ya eran pocas las críticas sobre la democratización y ejemplaridad de esas instituciones, en un panorama donde la educación, o más bien la expedición de títulos y maestrías universitarias, se ha convertido en un gran negocio al socaire de un panorama laboral nacional donde decenas de miles de jóvenes no encuentran expectativa y se enganchan y reenganchan a un sistema permanente de «formación» previsiblemente tramposo en sus resultados prácticos, y ruinoso para unas familias que ven cómo el período de estudios de sus hijos se alarga años y años.

Por esa única posibilidad, seguramente ingenua, de engordar currículum vitae y formarse, especializarse, prospera en España un formidable negocio de universidades privadas -la Iglesia Católica incluida--, y centros de formación también particulares, que ofrecen títulos, cursos, etc., al margen en algunos casos de un sistema académico reglado público que tratan de eclipsar añadiendo particularidades como especialidades, nombres diferentes o grados adicionales; enganches comerciales en definitiva.

Esto es hoy una selva perfectamente descontrolada, de la que saben muy bien esos padres de familia y alumnos atónitos y confundidos a la hora de comparar perfiles de titulaciones donde matricularse, y afligidos por un pago anual de 5.000 euros por estudiante a los que hay que añadir ese otro próspero negocio paralelo de los pisos de alquiler compartidos, a mil euros mensuales en las grandes ciudades; algo que por cierto, junto a los pisos «turísticos», está inflando la burbuja inmobiliaria del arrendamiento.

Lo siento pero nunca fui partidario de abrir el melón a las universidades privadas. Creo en lo público, en la igualdad de oportunidades, creo en el espíritu de la Constitución española, que habla de una economía de mercado, pero social, pienso en un sistema planificado de formación-economía, y no en este ‘american way of life’ del que copiamos todo lo malo pero nada de lo bueno.