Sabían que una persona vecina de Miajadas, para someterse a una intervención quirúrgica ordinaria debe acudir a alguno de los hospitales de la ciudad de Cáceres, cuando tiene a diez minutos y por autovía uno en Don Benito- Villanueva? O que trabajadores de empresas idénticas que se dediquen a la misma actividad, indistintamente en la provincia de Cáceres y Badajoz, pueden tener condiciones diferentes en función de que el domicilio social de estas empresas se encuentre en una provincia u otra?
¿Y saben también que pudiera haber políticas diferentes de promoción y prioridad turística, cultural, de infraestructuras, medioambiental, viaria, empleo, de servicios, etcétera, planificadas y desarrolladas de forma contrapuesta entre ambas provincias y a la vez dispares en objetivos con las propuestas o desarrolladas por la Junta de Extremadura y el Parlamento Extremeño, donde además de la soberanía popular del conjunto de la ciudadanía extremeña, radican las competencias ejecutivas y legislativas sobre las políticas de desarrollo social y económico de la comunidad autónoma?
Si piensan un poco, más allá de los pecados ya cometidos en el pasado no tan lejano y tan difíciles de purgar ya a estas alturas, encontrarán innumerables ejemplos como los de estas pequeñas muestras, que por sí solos abundarán en la explicación de la incongruencia de nuestra actual configuración provincial y el estrangulamiento que ello supone para un desarrollo regional más armónico, racional y más acorde con los tiempos que corren, en un contexto de modelo de Estado, con una reafirmación autonómica-federativa en progresivo auge.
XDEBO RECONOCERx que la propuesta que rescatábamos y publicitábamos con ocasión del 8º Congreso de CCOO de Extremadura sobre la configuración de nuestra comunidad autónoma como provincia única ha tenido escaso eco y recorrido entre los grupos parlamentarios que en estos meses han venido trabajando y finalmente han consensuado una propuesta para la reforma del Estatuto de Autonomía.
Resultará difícil también, como se ha producido el acuerdo entre los grupos, que algunos de los argumentos relacionados con este concepto sean incorporados en el debate y recorrido parlamentario que ahora se inicia; lo que a mi modo de ver es dejar pasar una oportunidad única para acometer una de las reformas más necesarias y trascendentes para el futuro de nuestra tierra: una articulación y ordenación territorial de Extremadura, pero desde una nueva concepción administrativa, jurídica y de gobierno de la misma.
Eramos conscientes de lo controvertido y polémico que para muchos pudiera ser este planteamiento, pero también de la necesidad imperiosa de abordar este debate, de su legitimidad y del momento para hacerlo sin apriorismos y rancios e irracionales conservadurismos.
La configuración de Extremadura como provincia única debe entenderse como concepto político que contribuiría definitivamente a desterrar el biprovincialismo como lastre y a la superación de referencias y entes provinciales obsoletos, que hoy carecen de entidad política y competencial para su ámbito geográfico.
También serviría para facilitar una economía de escala fundamental en la contribución a la salida de la actual crisis y para la sostenibilidad de los servicios públicos presentes y futuros y a ser soporte de reformas estructurales que ineludiblemente esta región debe y tiene que acometer en la economía, la educación, la población, el sector financiero, los sectores energéticos y del agua, etcétera. Mucho más con los nuevos marcos de referencia que se avecinan en la financiación autonómica, en los fondos europeos y en aquellos otros que deben pergeñarse para la sostenibilidad del modelo social tras la crisis. Al menos, sería deseable que quienes provoquen la frustración de este debate sean conscientes de ello y así lo manifiesten.
*Secretario general de
CCOO de Extremadura.
