WEw l funcionamiento ordinario de la Iglesia española será financiado por los contribuyentes católicos y no por el conjunto de la población. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció el viernes un acuerdo alcanzado horas antes con la Conferencia Episcopal Española. La asignación de fondos a través del Impuesto de la Renta de la Personas Físicas (IRPF) pasará del 0,5239% actual al 0,7%, pero se suprimirá la garantía del Estado de cubrir la diferencia entre lo recaudado por esta vía y la cantidad global que se asignaba hasta ahora para subvencionar a la Iglesia católica. En el 2005, por ejemplo, la Iglesia recibió 141,5 millones de euros del Estado, de los cuales 128,6 millones correspondían a las declaraciones de renta de los fieles que habían marcado una equis en la casilla correspondiente. Los 12,8 millones restantes los complementó el Estado.

El 0,7% pactado ahora corresponde a la cantidad que se calcula que deberá recibir la Iglesia en el 2007, que podrá crecer, pero también disminuir, según la voluntad y la carga fiscal de los fieles católicos. En el caso de Extremadura, en la provincia de Cáceres el 38% de los contribuyentes que hicieron la declaración de la renta el pasado año optaron por marcar la casilla de ayuda a la Iglesia. En la provincia de Badajoz el porcentaje es un poco más alto, concretamente el 47 %, si bien el 43% de media de Extremadura está diez puntos por encima de la media nacional

El sistema mixto vigente ahora tiene su origen en un acuerdo entre Iglesia y Estado de 1987. Ya entonces, la Iglesia declaró el propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para atender sus necesidades.

El acuerdo es una buena noticia, porque normaliza las relaciones de la Iglesia con el Estado, que es aconfesional. Los españoles que no profesan ninguna religión o profesan una distinta de la católica se verán liberados de la obligación absurda de sufragar, vía impuestos, los gastos de una iglesia a la que no pertenecen.

Nada dijo la vicepresidenta De la Vega sobre si también pasará del 0,52% al 0,7% la aportación voluntaria de los contribuyentes a las organizaciones con fines sociales, la otra equis de la declaración de la renta. El Gobierno negociará ahora con las onegés con la voluntad de cerrar un acuerdo similar, porque resultaría discriminatorio que no recibieran el mismo trato. También sería lógico que se encontrara una fórmula para que los seguidores de otras religiones distintas de la católica pudieran disponer de su propia equis en la declaración de la renta (los musulmanes también ha pedido un trato similar). Otro aspecto del acuerdo, también positivo, viene obligado por la legislación europea. La Iglesia católica quedará sujeta, como todos los contribuyentes, al pago del IVA en sus compras de bienes muebles e inmuebles. Desaparece otra discriminación y otro privilegio injusto.