WEw l nuevo modelo de financiación autonómica contempla penalizar a las autonomías que bajen o supriman los impuestos de su competencia. "No puede ser que una comunidad baje los impuestos y después siga recibiendo fondos del resto", señalaba a este respecto el consejero de Hacienda, Angel Franco. Habrá muchas autonomías que consideren que esa penalización es un castigo por ejercer su autonomía y aplicar sus competencias, pero la medida incluida en el nuevo modelo supone defender una filosofía que, con la deriva centrífuga vivida en los últimos años en España, ha estado postergada y que es hora ya de que se abra paso hasta la superficie: y es que la responsabilidad de la financiación y su sostenibilidad no es un camino de una sola dirección, la que va desde el Gobierno central a las autonomías, sino de dirección doble: el pacto de financiación compete, y obliga, tanto al Estado central como al Estado autonómico que encarnan las 17 comunidades --quince en este caso, exceptuadas las forales-- y las dos ciudades autónomas.
El liberalismo ha logrado asentar la idea de que la bajada de impuestos es socialmente positivo y que lo contrario es regresivo y va contra los intereses generales. Aunque tal idea es falsa, porque es imposible alcanzar niveles de bienestar, de equidad y ejercer realmente los derechos básicos sin pagar impuestos, todos los gobernantes están dispuestos a subirse al carro de esa bajada y ´venderla´ como un logro de su gestión. Está bien que, al menos, el nuevo sistema de financiación les haga ser consecuentes con sus decisiones y hacérsela pagar a quienes las adopten.
