TSte entiende que Conde Pumpido , el fiscal general del Estado, brazo judicial del Gobierno Zapatero, sea reprobado a diario en el ruidoso bando político y mediático adherido a la causa del PP. Pero también la reprobación debe basarse en datos reales, no supuestos o manipulados para el fin reprobatorio.

Por suerte el abajo firmante fue testigo presencial de la rigurosa y didáctica conferencia del fiscal, el jueves pasado, en los desayunos de Europa Press. De no haber tenido ciencia propia sobre el asunto, ahora estaría contaminado por las interpretaciones demagógicas que circulan de una sola frase manufacturada para los titulares de la prensa más adicta al PP: "Me preocupa que hayamos ido demasiado lejos en impugnación de candidaturas". Se refiere a listas contaminadas por Batasuna y ha servido para acusarle de simpatizar con terroristas, estar frustrado por el exceso de trabas a las listas abertzales y cosas peores.

Pero lo más injusto de todo es interpretar la frase en clave política --peor, en clave partidista--, como si el fiscal del Estado fuese un funcionario abducido por el principio de oportunidad. Debe ser muy duro para él que se descifre en estos términos una conferencia que consistió básicamente en una extensa y sentida apología del principio de legalidad, entendida como barrera frente a las arbitrariedades: las de corte fascista que practican los amigos de ETA y las que pueden practicar los gobernantes si violan derechos de los ciudadanos como el de la participación política, la tutela judicial y otras formas de garantismo.

Además, resulta que la polémica frase, convertida en una sectaria manufactura periodística y política, está sacada de contexto. El contexto nos remite a la tarea institucionalmente encomendada a la Fiscalía General del Estado: promover la acción de la Justicia con unidad de criterio. En este caso hemos de situar su ámbito de cumplimiento en el equilibrio entre dos deberes. Por un lado, cerrar el paso legal a quienes juntan las armas y las urnas para hacer política. Por otro, preservar el derecho de sufragio, que es un mandato constitucional.

Quienes se centraron en la susodicha frase, que sugiere una intención partidista, también pudieron haber destacado otra en la que el fiscal general se mostró "orgulloso de cómo ha funcionado el Estado de Derecho", del que, dijo, no es "un garrote" ni un instrumento para ejercer la venganza sino para la estricta aplicación de la ley. Pero eso no interesaba.