WEw l análisis que el pasado martes hizo en el Congreso el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, sobre la situación de la economía de nuestro país ha levantado ampollas, como suele ser habitual en cuantas manifestaciones hace, pero no puede negarse la corrección del fondo del mismo. Su intervención en la Cámara Baja resumió con acierto lo que ha ocurrido en los últimos tiempos: el recorte del gasto aprobado el pasado mes de mayo; la reforma laboral de junio y el test de estrés bancario de julio han sido tres hechos que han aplacado a los mercados, lo cual no supone, por sí mismo, el fin de la inestabilidad y tampoco que no sean precisos más ajustes.

También llamó la atención el gobiernador sobre la deuda de las comunidades autónomas --en un año ha crecido el 26,5%-- y de los ayuntamientos. En este punto, hay que precisar que la atención más perentoria hay que llamársela al Gobierno, puesto que de los 12.758 euros que cada español debe a través de la deuda pública, casi 9.600 corresponden a la Administración central, otros 2.200 a la autonómica y unos 1.000 a la local. Además, el problema no es su cuantía --en torno al 60% del PIB, con una proyección de 15 puntos más cuando se sume el déficit que se genera ahora--, sino cómo pagarla. En este sentido ha sido oportuno que el FMI haya alertado sobre la capacidad de EEUU y de España para estabilizar su deuda antes del año 2015. Por otro lado, no todas las comunidades se han endeudado en la misma medida y por esta razón cabría matizar la intensidad de la llamada de atención en función del peso de la deuda sobre la economía de cada una. Así, mientras Extremadura está entre las comunidades con deuda más pequeña (1.341 millones, un 2,4% del PIB, a pesar de haber aumentado un 23% hasta el pasado mes de junio), en otras tan importantes como Cataluña o la Comunidad Valenciana -que deben 28.769 y 16.280 millones, respectivamente--, la deuda representa entre el 15 y el 16% de su PIB.

Por tanto, Fernández Ordóñez tiene razón en el fondo: España no podrá controlar su deuda si el 25% de la misma escapa a la disciplina presupuestaria. Si Bruselas vigilará a los países soberanos, ¿qué sentido tiene que autonomías y ayuntamientos queden fuera de ese escrutinio? Ninguno. Otra cosa es la afición del gobernador a hacer de político, es decir, sus formas. De su intervención del martes sobra la recomendación de cómo se tienen que reformar las pensiones. También se podría haber ahorrado su comentario sobre la puerta que abre la reforma laboral para que los empresarios ahorren costes laborales, que ya sabrán ellos cómo aplicarla. El gobernador tampoco es un entusiasta del Estado de las autonomías, y eso se nota. Además, si fuera un poco más comedido, quizá podría haber evitado la manipulación de sus palabras que ha hecho la prensa más conservadora para atacar al Estado autonómico.