Miguel Angel Fernández Ordóñez no tiene que explicar de dónde viene --su historia, su ideología, su militancia socialista, sus cargos en las Administraciones del PSOE, su espíritu de servidor público-- ni tampoco adónde va. Cada vez que, en cumplimiento de las funciones de su cargo, habla en el Congreso de los Diputados o en cualquier otro marco oficial --no hay entrevistas, no hay artículos-- es transparente, aunque eso no les guste nada al Gobierno ni a los sindicatos. Pidió la reforma laboral, criticó el endeudamiento público, denunció el deterioro de las finanzas públicas y de los sistemas financieros, anunció lo que se nos venía encima y sigue haciéndolo. Lamentablemente para todos, casi siempre el tiempo acaba dándole la razón.
Ahora ha dicho algunas cosas que deberían ser reflexionadas por el Gobierno --aunque ya la vicepresidenta Salgado ha dicho que no está por la labor-- como por ejemplo que se debería reducir o incluso limitar por ley el gasto de las comunidades autónomas, porque ellas representan dos tercios del gasto público total y, además, las medidas que han anunciado para reducirlo distan mucho de ser las necesarias y su nivel de endeudamiento va a poner en riesgo el cumplimiento de los niveles de déficit que se nos exigen.
Aunque el gobernador cree que el Estado sí cumplirá la reducción del déficit, le pide al Gobierno un Plan B porque estima que los ingresos fijados en el Presupuesto para 2011 no se van a alcanzar y porque el crecimiento de la economía que espera el Gobierno va a ser sensiblemente inferior, es decir, un 0,6% frente al 1,3 del superoptimista Gobierno. Fernández Ordóñez dice, además, que España "estará mucho tiempo sometida a vigilancia muy intensa por aquellos que nos financian" porque tienen una confianza manifiestamente mejorable en nuestras posibilidades. No somos Irlanda ni Grecia ni Portugal, pero tampoco somos la locomotora del tren. Sobre lo que no hay la misma vigilancia es sobre la economía sumergida. El Círculo de Empresarios acaba de editar un interesante libro sobre el particular en el que denuncia que el aumento de esta actividad --que representa entre un 19,5 y un 23,3 del PIB-- "deben considerarse como un fracaso del sistema económico, político, social, ético y moral de un país y debería llevar a una revisión general de las leyes y normas de funcionamiento del mismo". ¿Por qué no somos capaces de inspeccionar mejor y aflorar aunque sea la mitad de la economía sumergida? A eso no le hinca nadie el diente, aunque seguro que el Gobierno prefería lo contrario de lo que tiene: un gobernador sumergido y una economía insumergible.
