El Gobierno en funciones decidió desclasificar dos informes secretos del Centro Nacional de Inteligencia para intentar proveerse de una coartada exculpatoria de su inexacta y electoralista atribución del atentado del 11-M a ETA. En cambio, no cree necesario sacar a la luz documentos secretos sobre el accidente del Yak-42 o la inexistencia de las armas de destrucción masiva de Sadam. Una vez más, Aznar aplica la doctrina de Bush: si se demuestran errores de la Administración, se achacan a una equivocación del servicio de espionaje aunque se comprometa su prestigio.
Cuando no se airean otras informaciones que desmienten al Gobierno, este falso gesto de transparencia no demuestra nada. Será necesario abrir, en el futuro, una comisión de investigación para llegar hasta el final en la más que evidente estrategia de desinformación que hemos sufrido. Los seleccionados informes del CNI que secundaban las tesis del Gobierno, y el silencio sobre los de la policía, globalmente no justifican la insistencia en culpar a la maldita ETA durante el trágico y tenso jueves del 11-M. Y aún menos el intento de prolongar esta hipótesis hasta la apertura de las urnas. Y eso los españoles no lo perdonaron.
