El Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana admitir a trámite la Ley de Igualdad Laboral con la que se pretende poner sobre la mesa la realidad de un mercado laboral que sigue siendo esquivo a ese concepto de igualdad, precedido en demasía por el tema de la conciliación como elemento que lastra esa evolución de sociedad no discriminatoria. Y cuesta entender que en el epicentro de esa ralentización de la igualdad tenga que ver con un derecho adquirido como es el de la conciliación familiar, como elemento detonante de esta desajuste del mercado laboral a la hora de conseguir que la discriminación sea un elemento definitorio de nuestro mercado laboral, y actúe como detonante del mismo. Con especial incidencia en el sector privado. Dado ese concepto de carrera igualitaria del funcionariado, aunque hay que reconocer que ya en el ejercicio de las relaciones familiares inter partes debe ser el equilibro de las familias los que proporcionen ese respeto a la igualdad en las responsabilidades familiares.
La clave en este texto será que pase del concepto declarativo al de intención directa. Siempre se dice que una norma no debe englobar todo y que algo debe quedar para los reglamentos. Pero entiendo que, a veces, se convierte más en un concepto de principios que imperativo y de efectividad directa. La clave en esta futura Ley debiera ser tomar medidas reales en todo lo que tiene que ver en la conciliación familiar, con un apoyo decidido en aspecto como la maternidad, y paternidad y sus permisos; así como las ayudas a guarderías y a todo lo que tiene que ver con la infancia.
Nunca debiera ser este tema un asunto tan sustancial, como el de modelar la fragilidad de un mercado laboral, que en lo salarial sucumbe ante el sexo femenino frente a la fragilidad de sus relaciones laborales. Teniendo como premisa la incorporación de la mujer a nuestras aulas universitarias en mayorías destacadas.
Deberán tenerse en cuenta, sin duda alguna, medidas positivas a las empresas y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas en apoyo al fomento de medidas de conciliación familiar, porque su realidad no tiene nada que ver con las grandes empresas. Y en este sentido, por otro lado, se tendrán que establecer mecanismos sancionadores que den respuestas a situaciones de franca discriminación. Ya existen, además, por comparativa con países decisiones sobre empresas que deben llevar a cabo medidas de transparencias y de resultados sobre políticas de igualdad en sus organizaciones.
Este ámbito de la igualdad debe partir de un análisis real de los datos, si no se parten de estudios rigurosos en relación a lo que está ocurriendo podemos errar en las decisiones. Esto es como el tema de la custodia compartida y desconocer que muchas mujeres tienen fragilidad económica, para situaciones de igualdad en el cuidado de los chicos. Es como no valorar donde existen franjas determinadas en las que la presencia del mercado laboral es mayoritario en relación a las mujeres.
Esta Ley si quiere ser una respuesta a la desigualdad laboral debe tener contenido económico y relación pormenorizada de medidas no sólo afectos al ámbito de las grandes empresas, sino y muy especialmente, conociendo nuestro mercado a las pequeñas y medianas empresas. Sería fallido insistir en ejercicios declarativos y no ejecutivos con resultados reales con incidencia práctica en el mercado.
