Silvio Berlusconi ha logrado que los cinco cargos más altos del Estado italiano tengan inmunidad judicial. Esta norma, que fractura aún más el ya castigado tejido político y social de Italia, será recurrida por la Fiscalía de Milán, que llevará al Tribunal Constitucional la "ilegitimidad" de esta reforma legislativa con el argumento de que se ha revisado por procedimiento de urgencia, en sólo tres semanas, un artículo de la Constitución con el único fin de que Berlusconi no sea condenado por soborno de jueces ahora que debe asumir la presidencia rotatoria de la UE.
La situación es tan escandalosa que los partidos de la oposición también anuncian que promoverán un referendo para derogar la medida, respaldados, según los sondeos, por dos terceras partes de los italianos.
Cuando los que están en el poder promulgan leyes para que delitos como la falsedad en los balances económicos dejen de serlo, para que los magistrados puedan quedar apartados de los casos sin razones de fondo, y para que quienes hacen leyes injustas queden impunes, se desligitiman las instituciones democráticas. Eso es lo que está ocurriendo en Italia desde la llegada de Berlusconi.
